El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, ha propuesto este jueves estudiar la puesta en marcha de mecanismos que faciliten la inyección de fondos públicos y privados en empresas con problemas de solvencia que sean viables, con instrumentos híbridos como préstamos participativos o deuda subordinada, así como subvenciones para las pymes.
Durante una ponencia en el marco de la conferencia virtual sobre la evolución económica y financiera en España, organizada por el European Economics and Financial Centre, Arce ha valorado que la respuesta a la crisis, tanto a nivel nacional como internacional, ha sido «amplia, decidida y ampliamente coordinada, abarcando importantes medidas en los ámbitos fiscal, monetario, laboral y financiero» que «han mitigado la desaceleración de la actividad real y hasta ahora han evitado la materialización de riesgos sistémicos financieros».
A nivel nacional ha destacado los ERTE y las garantías públicas para los préstamos bancarios, si bien en el actual contexto de «gran incertidumbre» considera que las políticas económicas deberían mantener una postura «fuertemente expansiva hasta que la recuperación se haya afianzado».
Además, ha pedido adaptar las medidas a la crisis e intensificar el énfasis en las políticas destinadas a fomentar el crecimiento a medio y largo plazo y, en el marco laboral, cree que los trabajadores afectados por un ERTE deben ser considerados como un grupo prioritario para el acceso a la formación.
También ha instado a una revisión «exhaustiva» del catálogo de políticas activas del mercado de trabajo, con miras a aumentar su eficacia y eficiencia, así como «estar atentos a algunos elementos de las políticas actuales que podrían eventualmente obstaculizar la necesidad de reasignación de recursos que probablemente surgirá como resultado de la crisis».
En este sentido, ha defendido que «preservar un grado adecuado de flexibilidad en las regulaciones del mercado laboral debería ser una prioridad en el contexto de cualquier revisión futura del marco legal en esta área».
Respecto a la situación financiera de las empresas, ha señalado que las políticas aprobadas tenían como objetivo reducir los déficits de liquidez de las empresas, incluidas medidas fiscales como los aplazamientos de impuestos, y apoyar el flujo de nuevo crédito a las empresas.
«Las empresas españolas han aprovechado la mejora de las condiciones de financiación tanto en los mercados de crédito bancario como en los mercados de renta fija para cubrir gran parte de sus necesidades de liquidez», ha explicado.
Según un análisis del organismo supervisor, la dependencia de las garantías públicas fue particularmente intensa entre las empresas que enfrentan un acceso potencialmente más difícil a la financiación externa en la coyuntura actual, como las pymes, las empresas con más riesgos y las empresas que operan en los sectores más expuestos al choque.
Sin embargo, avisa de que la prolongación de la crisis ha aumentado los riesgos de solvencia de las empresas. En particular, el aumento del endeudamiento y la reducción de los ingresos han empeorado la situación financiera de muchas empresas, por lo que ha pedido que las políticas económicas se centren en los problemas de solvencia.
Aunque el Gobierno ya ha creado un fondo especial para inyectar capital en firmas grandes y estratégicas, ha indicado que en el caso de las empresas más pequeñas hay menos herramientas disponibles para inyectar capital público, o al menos para inyectarlo de manera eficiente.
Una opción que podría explorarse es establecer vehículos de inviersión en el capital de las empresas utilizando recursos públicos y privados, ha sugerido Arce, quien cree que en paralelo se podrían considerar inversiones directas en empresas que están bajo presión financiera pero siguen siendo viables, patrocinadas por el sector público utilizando instrumentos híbridos como préstamos participativos o deuda subordinada.
En el caso de las empresas pequeñas, la prestación de apoyo en forma de subvenciones a empresas viables también puede ser una alternativa sensata a su juicio, si bien en algunos casos cree que para abordar los problemas de solvencia será necesaria la reestructuración de la deuda en empresas insolventes con proyectos comerciales viables.
«Es necesario mejorar los actuales mecanismos de insolvencia para hacerlos más eficientes y minimizar el riesgo de que estas empresas acaben siendo liquidadas de forma ineficaz», ha enfatizado Arce, pidiendo dar prioridad a los procedimientos de insolvencia extrajudiciales, ya que por lo general son «más flexibles y rápidos» que los procedimientos de insolvencia ante los tribunales.
Arce ha indicado que la caída del PIB español del 11% el año pasado fue de las más profundas entre las economías avanzadas y «mucho más pronunciada» que en las épocas pasadas, sobre todo concentrado en el primer semestre de 2020, debido a que el «rigor comparativamente mayor» de las ayudas de España.
En este sentido, ve aún «incompleta» y «desigual» la recuperación, con mayor impacto de la crisis en los sectores de mayor interacción, además de señalar que la pandemia ha afectado al mercado laboral «de manera más severa», con todavía 739.000 trabajadores en ERTE a finales de enero y una tasa de paro por encima del 16%.
Además del distinto impacto por sectores, ha indicado que la crisis también ha afectado de manera desigual a las distintas capas de trabajadores y hogares, ya que la proporción de trabajadores jóvenes y de bajos ingresos en los sectores más afectados por la pandemia es relativamente alta. «Como consecuencia, es probable que la desigualdad haya aumentado en España a causa del Covid-19», ha avisado.
Pese a las «esperanzas» de las vacunas para superar finalmente la pandemia, ha indicado que los nuevos brotes y la aparición de nuevas cepas del virus «siguen empañando las perspectivas económicas, al menos a corto plazo».
En estas condiciones, cree que es «poco probable que se produzca una sólida recuperación económica hasta que finalmente se alcance una solución médica eficaz y generalizada».
El escenario central del Banco de España, basado en la progresiva resolución de la crisis sanitaria, junto con un sustancial apoyo de las políticas monetaria y fiscal, apunta a un repunte significativo de la actividad como a partir de la segunda mitad del año, de forma que el PIB se recuperaría a una tasa del 6,8% en 2021, aunque los niveles de actividad prepandemia no se alcanzarían hasta mediados de 2023, aproximadamente un año más tarde que en la zona del euro en su conjunto.
Esto se debe a que el impacto fue inicialmente mayor en este país y al mayor peso de los sectores más afectados por la pandemia
A pesar de considerar necesario el mantenimiento de los estímulos fiscales, ha reiterado que comportan un coste y sería necesario que se anuncie pronto un plan de consolidación en pro de la credibilidad.
