Joan Groizard, el director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), un organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha anunciado que el Gobierno ha acordado con las comunidades autónomas un nuevo plan para la adquisición de vehículos eléctricos y el despliegue de infraestructuras de puntos de recarga dotado de «al menos» 400 millones de euros, «con la posibilidad de duplicar esa partida si hay el suficiente apetito» para aprovechar los fondos.
Así lo ha señalado en el congreso ‘Summit 2021. Impulsando la Movilidad Sostenible desde las Empresas’, donde ha lanzado un «reto» al sector automovilístico y ha asegurado que «si hay capacidad» para absorber los fondos, el IDAE podría aumentar la cuantía hasta 800 millones de euros para un nuevo Plan Moves.
Además, ha destacado la «reivindicación histórica» del sector de hacer que el Plan Moves tenga continuidad, por lo que «como mínimo» este nuevo proyecto podría durar hasta 2023.
«Está claro que esto no lo vamos a poder hacer solos», ha apostillado Groizard, quien ha insistido en la importancia de las empresas, ya que es «muy difícil» canalizar el dinero «si lo quieres hacer bien y no de cualquier manera».
Todo ello enmarcado en el contexto de los fondos europeos para la recuperación de la crisis del coronavirus, que dotará a Transición Ecológica de al menos 2.000 millones de euros para invertir en movilidad eléctrica en los próximos tres años. Una cantidad que se suma a otras partidas destinadas a hidrógeno o a la cadena de valor de la industria.
Sobre el actual Plan Moves, el director general del IDAE ha asegurado estar «razonablemente satisfecho» por su ejecución, ya que cuenta con una vigencia de un año, que acabará después del verano y ya se ha consumido «más de la mitad del presupuesto». «En algunas comunidades autónomas casi el 100%», ha añadido.
En el mismo evento, organizado por Empresas por la Movilidad Sostenible, la subdirectora adjunta de Vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT), Susana Gómez, ha puesto el foco en la importancia de reducir los accidentes dentro de las ciudades, ya que es allí donde muchos usuarios vulnerables de las carreteras fallecen.
Por ello, la DGT impulsará este año un Real Decreto donde se especifiquen algunas de las medidas a tomar por dichos usuarios, como es la edad mínima para utilizar diferentes vehículos de micromovilidad o el uso de casco o de dispositivos reflectantes.
También ha destacado que la DGT trabaja en una «evolución» de las etiquetas ambientales de los automóviles y en adoptar una señalización igual en toda España de las zonas de bajas emisiones.
Asimismo, la secretaria general de Transporte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, María José Rallo, ha participado en este congreso, donde ha insistido en la importancia de la colaboración público-privada para avanzar hacia un transporte más sostenible «ambiental, económica y socialmente hablando».
A su juicio, a pesar de que la pandemia supone un «momento difícil», también es una «gran oportunidad» para mirar con «luces largas» y aprovechar el potencial de los fondos europeos. «Es un momento sin precedentes de tener capacidad de invertir rápido y de forma anticíclica, lo que tiene que ayudar a una transformación de la economía española», ha apostillado.
