El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha dicho que puede tener «sentido» establecer marcos que permitan controlar al sector público operaciones de tomas de participación a empresas estratégicas nacionales en el contexto actual de circunstancias «absolutamente excepcionales».
Así lo ha señalado tras pronunciar una ponencia en el Foro Económico del Diario Montañés, al ser preguntado sobre la oposición del Gobierno francés a la oferta de compra de la canadiense Couche-Tard sobre la francesa Carrefour y si ve un error poner trabas al libre comercio.
Hernández de Cos ha indicado que los países europeos han tomado este tipo de decisiones porque se dan unas circunstancias «absolutamente excepcionales» y se busca prevenir que se puedan generar «efectos no deseados» en un entorno en el que «no se puede hablar de libre comercio cuando parte del tejido productivo está sostenido por el sector público».
Por ello, cree que «puede tener sentido» establecer marcos que impidan o permitan controlar al sector público este tipo de operaciones, si bien ha matizado que a nivel estructural el libre comercio y el libre movimiento de capitales en toda la Unión Europea y con otros países «debe seguir siendo la referencia».
En Francia el Gobierno se opuso a la oferta pública de adquisición (OPA) de Couche-Tard sobre la gala Carrefour y dispone de varios instrumentos jurídicos, como la ley de inversión extranjera, que da potestad al Ejecutivo para bloquear determinadas opas.
En el caso de España, el Gobierno aprobó un real decreto de reforma de la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que empresas de fuera UE puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos aprovechando la caída conyuntural de sus acciones en esta situación de crisis económica y de extrema volatilidad los mercados financieros.
Ante la OPA del fondo australiano IFM sobre el 22,69% de Naturgy, el Gobierno indicó que analizaría con detalle la operación y este mismo miércoles el ministro de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha abogado por un «cierto control de aquello que es estratégico», defendiendo que el Ejecutivo no puede quedar «al margen» ante la operación.
