Cuatro de cada diez contratos públicos en 2021 se adjudicaron sin competencia, es decir, solo recibieron una oferta, desvela el ‘Estudio anual sobre contratación pública en España 2021’ elaborado por Gobierto, una plataforma de servicios de estrategia y creación de productos digitales para administraciones públicas.
Tras analizar alrededor de 372.000 adjudicaciones publicadas en los portales de contratación del Estado, Cataluña y País Vasco durante los últimos tres años (sin tener en cuenta los contratos menores), el informe señala que en 2021 tan solo algo más de la mitad (55%) de las adjudicaciones se produjeron en un proceso de competencia entre empresas, es decir, con más de una oferta.
Otra de las conclusiones del estudio indica que los ayuntamientos son los principales licitadores del Estado, al adjudicar el 37,8% de los contratos públicos, seguidos de las comunidades autónomas (24,4%) y las instituciones de la Administración General del Estado (15,4%).
En cuanto a la distribución por rangos de precios, el 22,2% de los contratos se licitó por menos de 15.000 euros en 2021, frente al 25,7% del año anterior debido, sobre todo, a la compra masiva de suministros para combatir la pandemia del Covid-19.
El siguiente rango más habitual, destaca Gobierto, es el de contratos con valores de entre 50.000 a 100.000 euros, un umbral en el que se encuentran una de cada seis adjudicaciones.
En el estudio también se ha analizado cuáles fueron las diez empresas que más licitaciones públicas lograron y las diez compañías que obtuvieron un mayor volumen económico en adjudicaciones.
De este modo, la firma Stadler Rail Valencia fue la más beneficiada, al hacer con un total de 2.130 millones de euros en adjudicaciones públicas en 2021, seguida de Airbus Defence and Space logró (724 millones de euros), Enaire (612), Ferrovial Servicios (305,8), UTE Telefónica de España – Telefónica Móviles España (226), UTE Vias-COMSA-AZVI-San José (171), Indra Sistemas (111,78), Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España (105), Thales España GRP (95) y Solred (74 millones de euros).
Por otro lado, Staples Productos de Oficina fue la empresa que más licitaciones recibió (151), seguida de Inetum España (140), Ticnova Quality Team (104), Dynabook Europe (104), Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España (100), Cepsa (96), Indra Sistemas (94), UTE Servicios Microinformática-Avenet IT-Técnicos Asociados Inf. Sphera-Datek (87), Antalis Iberia (82) y Canon España (78).
El informe revela que en 2021 la compra pública se incrementó «hasta niveles que no se veían desde hace más de un año» y que en diciembre se adjudicaron casi 14.000 contratos.
«Entre las posibles razones que podrían explicar este aumento están tanto la recuperación económica tras los peores momentos del Covid-19 como la llegada de los primeros fondos europeos de Next Generation», valora Gobierto.
En esa línea, advierte de que entre la importancia de los fondos europeos durante los próximos años y la compleja fiscalización de tantos contratos «parece necesario impulsar la prevención de la corrupción a través de planes antifraude».
En esa línea, el informe incluye la opinión de la doctora en Derecho y experta en ‘compliance’ Concepción Campos Acuña, quien considera que «la aprobación de los planes antifraude para la gestión es solo el primer paso» de un proceso «en el que habrá que aterrizar conceptos como la gestión de riesgos en la contratación, no solo en la preparación y en la adjudicación, sino también en la ejecución, una fase muy olvidada en términos de control, a pesar de la imposición obligatoria de la figura del responsable del contrato».
El análisis de Gobierto también abunda en la excepcionalidad de los contratos de emergencia, que permiten la licitación sin publicidad, y destaca que 2021 ha sido el segundo año de pandemia, aunque con una situación sanitaria «menos dramática» que la vivida en la primavera de 2020.
«Si en los peores momentos de la pandemia, en abril de 2020, las administraciones llegaron a licitar por esta vía casi el 30% de los contratos públicos, este porcentaje ha descendido hasta el 2% durante la segunda mitad del pasado año», subraya el estudio.
Sin embargo, matiza que ese 2% «aún sigue siendo un porcentaje más elevado que el que había antes de la pandemia», por lo que abunda en que «cabe preguntarse si el procedimiento de emergencia es la fórmula más adecuada para afrontar la ‘nueva normalidad’ o simplemente se ha convertido en un atajo para solventar una falta de previsión en la compra pública».
