La tarjeta residencia familiar comunitario es una de las formas más comunes de conseguir la permanencia y permiso de trabajo en España para familiares de españoles y del resto de ciudadanos de la UE. Sin embargo, se debe contar con una adecuada asesoría para evitar contratiempos y conocer en detalle los requisitos legales que hay que cubrir para conseguirla, según cada situación.
Lino García, abogado extranjería, inmigración y nacionalidad, explica que la asesoría profesional es particularmente importante porque algunos requisitos cambian según la subdelegación de Gobierno. Un entendimiento errado de las condiciones y exigencias puede provocar requerimientos e incluso el rechazo de la solicitud por parte de las autoridades y acarrear más gastos imprevistos.
Este profesional explica que la tarjeta de residencia como familiar comunitario es un permiso que se tramita en España para aquellos extranjeros exentos de visado y que permite a los familiares de un ciudadano de la Unión Europea vivir y trabajar en el país por un periodo de 5 años. Para acceder a esta autorización, se deben cumplir ciertos requisitos obligatorios.
La autorización es necesaria para toda persona extranjera que desea establecerse en España por un plazo mayor a tres meses. El extranjero y su familiar deben buscar asesoría legal para determinar si cumplen con los otros requisitos para optar por este permiso de residencia. Uno de los más importantes es el que tiene que ver con los medios económicos.
En este punto, no existe uniformidad de criterios en las distintas subdelegaciones de Gobierno donde se tramita la solicitud. Lino García recomienda que, acompañada del asesor legal, la persona debe verificar cuál es la situación y aplicar la solicitud en la oficina de extranjería de la provincia donde vaya a establecerse.
Entre los familiares que pueden aplicar a este permiso se encuentra el cónyuge, pareja de hecho de carácter estable, pareja de hecho registrada, descendientes menores y mayores de 21 años, ascendientes y también otros conocidos, como miembros de la familia extensa, por ejemplo, sobrinos, hermanos y cualquier persona que en el país de origen dependa del ciudadano UE.
Una de las recomendaciones que hace Lino García es que el ciudadano europeo cuente con un contrato de trabajo. Si no lo posee, debe demostrar que cuenta con medios económicos para poder mantener a su familiar en España. Estos medios económicos se pueden demostrar con la presentación de títulos de propiedad, cheques certificados, documentación sobre rentas de capital o tarjetas de crédito. El hecho de disponer de vivienda en propiedad es un aliciente.
El procedimiento es muy sencillo, sin embargo, Lino García insiste en que es necesario el acompañamiento en todo momento de un asesor legal. Una vez cotejados todos los requisitos, el interesado debe dirigirse a la dependencia gubernamental para formalizar la petición. Cuando la persona cuenta con apoyo de un despacho de abogados, la tramitación puede hacerse de manera telemática y sin necesidad de cita previa, mediante un procedimiento seguro al que se le puede realizar un seguimiento constante.
