El despacho valenciano de abogados Counsel Partners ha presentado en los Juzgados Mercantiles de Madrid una demanda contra las marcas automovilísticas participantes en el cártel de los coches, por el que los fabricantes se pusieron de acuerdo para compartir información comercial que afectó a los precios.
Counsel Partners actúa en nombre de Asociación de Afectados por los Fabricantes de Automóviles (CACC) que agrupa a cientos de afectados por el caso y pretende que las marcas de automóviles identifiquen a los afectados por el cártel, «identificando a los adquirentes de determinadas marcas en un periodo temporal concreto de afección de las practicas colusorias» y todo ello para reclamar los intereses colectivos de este grupo de consumidores.
Se trata de la primera demanda de este tipo que se interpone en España contra el grupo de empresas automovilísticas que compartieron información secreta sobre estrategias comerciales con el fin de limitar la competencia entre ellas y generar, por tanto, una elevación del precio final que pagaron los clientes.
Hasta 21 empresas automovilísticas participaron en el cártel. El despacho de abogados valenciano solicita a estas marcas que identifiquen a quienes vendieron los vehículos amparados por las prácticas que limitaron la competencia, para poder conocer a todas las personas que habrían pagado sobreprecios.
Hasta hoy más de 49.000 afectados ya se han adherido a la Agrupación de Afectados por el Cártel de los Coches (AACC) para iniciar los trámites precisos para unirse a las demandas en las que se reclamará judicialmente una indemnización económica acorde al sobreprecio que pudieran haber pagado en la compra de su vehículo.
El presidente de AACC, Pablo Chamizo, ha explicado que la intención de la agrupación «es seguir creciendo para hacer accesible la reclamación a todos los afectados y evitar los costes que generaría a cada individuo o empresa emprender estas actuaciones por su cuenta».
La agrupación está a disposición de cualquier persona física o jurídica que comprase un coche entre febrero de 2006 y julio de 2013 y que quiera informarse sobre sus derechos.
Para llevar a cabo este trabajo, AACC cuenta con el asesoramiento jurídico de Cremades & Calvo-Sotelo. Una vez recogidas todas las solicitudes, dará los pasos necesarios para iniciar una negociación con los fabricantes que les permita llegar a un acuerdo. En caso de que este no fuera posible, se iniciarán los trámites necesarios para llevar las reclamaciones a los juzgados de lo Mercantil.
«No queremos diseminar el cártel por toda la geografía ni colapsar el sistema judicial, ya que estamos hablando de más de diez millones de personas que han podido verse afectadas por este asunto en toda España», ha explicado Atilano Vázquez, socio de Cremades & Calvo-Sotelo.
«Nos encontramos ante un caso histórico en España, ya que las marcas implicadas representan más del 90% del mercado de automóviles en nuestro país y las reclamaciones podrían superar los 40.000 millones de euros», ha añadido.
Tanto desde la Agrupación como desde el despacho de abogados se señala que será un proceso complejo debido a su volumen pero se trabaja con la idea de, una vez determinada la conducta ilícita por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y los Tribunales, conseguir que los afectados vean reparado su perjuicio.
