El Pleno del Senado votará este miércoles los dictámenes de la Comisión de Hacienda sobre la creación de los proyectos de ley del impuesto a las transacciones financieras y sobre determinados servicios digitales, de forma que, en caso de ser aprobados y no introducir ninguna enmienda, ambos tributos finalizarán su tramitación parlamentaria y entrarán en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ya en 2021.
La votación de ambas figuras fiscales presumiblemente será un mero trámite porque, según lo ocurrido en la Comisión de Hacienda, en la Cámara Alta son mayoría los senadores de formaciones favorables a la creación de estos nuevos impuestos, de modo que su aprobación está prácticamente garantizada. En concreto, la Comisión aprobó el pasado jueves el dictamen sobre el proyecto de ley del impuesto a las transacciones financieras por 17 votos a favor, 13 votos en contra y 1 abstención, mientras que, en el caso del proyecto de ley para el impuesto a determinados servicios digitales, el dictamen salió adelante por 13 votos a favor, 11 en contra y 4 abstenciones.
Las conocidas como tasa Tobin y tasa Google son dos figuras fiscales impulsadas por el Gobierno formado por PSOE y Unidas Podemos que, al ser de nueva creación, han requerido su tramitación con sus correspondientes proyectos de ley de forma separada al proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
Durante su tramitación en la Comisión de Hacienda del Senado, ambos proyectos han seguido su curso sin haber sido incorporada ninguna enmienda, manteniéndose el mismo texto enviado por el Congreso, por lo que, previsiblemente, la tramitación de ambas iniciativas culminará con la votación del miércoles. A este respecto, fuentes del Grupo Socialista en el Senado consultadas por Servimedia señalaron que no hay previsión de que durante el Pleno se incluya ninguna modificación.
De esta forma, finalizará un proceso parlamentario iniciado el pasado 18 de febrero con la aprobación de los proyectos por parte del Consejo de Ministros, para su posterior tramitación en el Congreso de los Diputados, donde fueron aprobados el 30 de julio.
En caso de que finalmente el Senado introdujera enmiendas en alguno de los proyectos, el texto modificado volvería de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva con la validación o anulación de dichos cambios, mientras que, si la Cámara Alta rechazara mañana el dictamen de alguno de los proyectos, el Congreso también podría levantar dicho veto y aprobarlos definitivamente.
Con la aprobación de estas dos figuras impositivas, el Ejecutivo contará con dos nuevas herramientas en el capítulo de ingresos del proyecto de Presupuestos de 2021 que está ultimando para su presentación en el Congreso en las próximas semanas. Este proyecto de cuentas públicas previsiblemente incluirá ya la estimación de lo que Hacienda cree que recaudará el próximo año con estos nuevos tributos, cantidades que podrían ser inferiores a sus cálculos iniciales debido a la crisis económica generada por la pandemia de Covid-19.
TASA TOBIN
Inicialmente, la previsión de recaudación del Gobierno con el impuesto a las transacciones financieras cuando su anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros, era de 850 millones de euros.
En concreto, el proyecto gravará con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros.
TASA GOOGLE
En cuanto al impuesto a determinados servicios digitales, gravará con un tipo del 3% a las empresas con ingresos anuales de 750 millones de euros a nivel mundial y que tengan ingresos superiores a tres millones de euros en España. Los servicios a los que se aplicará este impuesto serán los de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.
En el proyecto de cuentas públicas de 2019 que el Gobierno presentó el año pasado y que fue rechazado por el Congreso, el Gobierno ya incluyó una estimación de recaudación de 1.200 millones de euros con este impuesto, mientras que, en el momento de aprobación del anteproyecto en la legislatura actual, el Ejecutivo esperaba recaudar 968 millones de euros, coincidiendo con la previsión que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) hizo en 2018 de cara a 2019.
