El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá, considera que «hace falta un cambio cultural en España» para seguir la tendencia europea de trabajar cada vez más entre los 55 y los 70 o 75 años.
En una entrevista al diario ‘Ara’ recogida este domingo por Europa Press, ha asegurado: «En estas edades, por razones demográficas y de calidad de vida, se puede trabajar más. Y España es una anomalía europea: no solamente no seguimos esta tendencia sino que reducimos la proporción de mayores de 55 años en activo».
Preguntado por si el sistema de pensiones es sostenible, ha respondido que sí y ha asegurado que conseguir que la edad efectiva de jubilación se acerque a la edad legal es «el mecanismo más potente» para su sostenibilidad, por lo que el objetivo del Gobierno es que los desincentivos para la jubilación anticipada sean más efectivos.
Ha asegurado que el Ejecutivo central tiene el reto de reducir el déficit público estructural y ha argumentado que en España no hacen falta nuevos impuestos sino «evaluar» las exoneraciones y beneficios fiscales para ver si cumplen su función.
Ha afirmado que la ocupación juvenil no sustituye la sénior y ha abogado por «generar dinámicas dentro de las empresas para que personas de cierta edad vayan cambiando su actividad, las horas de trabajo, de dedicación…».
Para Escrivá, hay que promocionar mecanismos de migración regular y ordenada, en sus palabras, que respondan a las necesidades del mercado laboral, y ha lamentado que el modelo actual genera «bolsas de inmigración irregular muy extendidas en el tiempo».
Ha apostado por la formación para los trabajadores afectados por los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) y ha sostenido que «si algo hace falta en España son los mecanismos de formación dual y dentro de las empresas».
Ha afirmado que el grueso de autónomos que estaban «protegidos» por el paro extraordinario pasarán a recibir ayudas en formas de exoneraciones para que mantengan su actividad y, por otra parte, ha abogado por penalizar el abuso de contratos de muy corta duración.
Ha dicho que el Gobierno ha concedido 350.000 solicitudes de ingreso mínimo vital (IMV) –28.000 de las cuales en Cataluña–, pero ha lamentado que muchas personas que el Gobierno había identificado como potenciales beneficiarios no han pedido la ayuda, por lo que están diseñando una encuesta para dirigirse a ellos.
También ha asegurado que se han rechazado muchas peticiones, porque «hay una gran distancia entre la percepción que uno tiene sobre como es de pobre y sobre su situación de vulnerabilidad y la realidad», y ha defendido que el grueso de beneficiarios de rentas autonómicas han pedido el IMV.
Ha añadido, en relación con la gestión de la crisis del coronavirus, que en ningún otro país de Europa se han dado exoneraciones para trabajadores en activo.
