El juez de la Audiencia Nacional que investiga la macrocausa ‘Tándem’, Manuel García-Castellón, ha decidido mantener imputado al ex presidente de BBVA Francisco González por un presunto delito de administración desleal en el que habría incurrido al usar recursos de la entidad bancaria para obtener información registral sobre una finca que estaba interesado en comprar a título privado.
En un auto dictado este miércoles, García-Castellón ha desestimado el recurso de reforma presentado por González, con el que pretendía que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 revocara su decisión inicial de imputarle un nuevo delito en el marco de esta pieza separada de ‘Tándem’. El ex presidente de BBVA ya estaba investigado por cohecho y revelación de secretos.
El magistrado achacó a González administración desleal por, supuestamente, haber empleado recursos de BBVA con un fin «exclusivamente personal» –«valorar la adquisición de una finca a título privado»–, accediendo de esta forma a lo que le habían planteado los fiscales anticorrupción Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro en un escrito del pasado mes de julio.
González impugnó esta última imputación alegando que los hechos en cuestión no estaban precisados, que en todo caso habrían prescrito y que, además, al no haber denuncia previa de los supuestos perjudicados –en este caso, el banco– no podrían perseguirse penalmente.
García-Castellón contesta uno por uno a estos argumentos para desmontarlos. Así, recuerda que «nos hallamos en una fase procesal embrionaria» en la que no es necesaria la «plena determinación» de los hechos. Al contrario, apunta, será a raíz de la instrucción cuando se pueda construir un «relato fáctico preciso».
Además, subraya que, de lo investigado hasta ahora, «se concreta una precisa operativa sospechosa en relación con la valoración de la adquisición de una finca a título privado».
En este sentido, indica que «el propio recurrente sitúa las gestiones para localizar una finca en los años 2013 y 2014» y «los indicios existentes apuntan a que tales servicios se abonaron con fondos de BBVA». «Por ende, sí que estarían concretados (los hechos), siquiera de modo genérico», afirma.
Frente a las acusaciones vertidas por González hacia la Fiscalía Anticorrupción, a la que reprochó impulsar una «investigación prospectiva» en su contra, el juez responde que no puede considerarse así por cuanto los señalamientos por administración desleal se enmarcan en una instrucción más amplia que abarca «la pluralidad de contrataciones» de BBVA con CENYT, el grupo empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
En este sentido, García-Castellón pone de manifiesto que, del conjunto de las pesquisas en esta pieza separada 9, «se infiere que se han podido cometer hechos con apariencia delictiva, en cuya virtud se habrían llevado a cabo encargos al Grupo CENYT y que tales servicios se habrían sufragado con los fondos sociales».
En cuanto a la caducidad esgrimida por González, el magistrado recalca que al estar en una fase inicial de la investigación «en este momento no es posible acotar temporalmente los servicios interesados por el investigado».
Apostilla en este punto el instructor que «es esencial que se le tome declaración sobre dicho extremo, en orden a completar el relato fáctico», si bien no acuerda citarle para una nueva comparecencia. Anticorrupción lo pidió, pero al imputar a González el delito de administración desleal el juez se limitó a informarle de su derecho a declarar, «si lo estima oportuno».
Por último, sobre la necesidad de que haya una denuncia previa que en este caso no existe, García-Castellón expone que «la denuncia no era necesaria si se afectaba a los intereses generales o a una pluralidad de personas».
En este supuesto, aclara el juez, «nos encontramos con que el BBVA es una entidad bancaria de gran relevancia, que cotiza en el IBEX-35, con una multitud de accionistas y que es uno de los principales bancos de este país».
En consecuencia, razona, «el riesgo reputacional de semejantes conductas sí que afecta, de modo directo, a los intereses generales de aquéllos, así como al interés general», «por lo que no sería precisa la existencia de una denuncia previa».
Precisamente, el daño reputacional fue uno de los motivos aducidos por González. Según él, las gestiones que pidió realizar a su entonces jefe de Gabinete y actual jefe de auditoría de BBVA, Joaquín Gortari, en relación con dicha finca «se justifican en la salvaguarda del buen nombre de la entidad», que –alegó– podría verse afectado si en esa eventual compraventa hubiera algún conflicto de interés.
En esta pieza 9 de ‘Tándem’, García-Castellón indaga en los trabajos que BBVA encargó a las empresas de Villarejo para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017. Por esos servicios, el banco habría pagado al ahora policía jubilado más de 10 millones de euros.
