El Pleno del Congreso votará este jueves la rebaja del alquiler que Aena cobra por sus locales comerciales, una enmienda que se aprobó en el Senado la semana pasada con el voto en contra del PSOE, y que permitirá adecuar estas rentas al tráfico aéreo, además de eximir de una parte de la misma durante el primer estado de alarma.
La suma del PP, Esquerra Republicana, EH-Bildu, el PDeCAT y Coalición Canaria permitió introducir esta enmienda, impulsada por estas dos últimas formaciones, en la reforma de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
En esta norma, el Congreso tramitó conjuntamente diferentes iniciativas legislativas del Gobierno con medidas contra la morosidad en el sector del transporte y cambios en la regulación de las VTC y sus sanciones.
La Cámara Baja aprobó esta reforma el pasado mes de junio y ahora, tras completar su tramitación en el Senado, el proyecto vuelve al Congreso, que deberá votar este jueves esta enmienda, única modificación realizada por la Cámara Alta a este proyecto.
La enmienda incluida en el Senado modifica las obligaciones contractuales de los locales comerciales con Aena, eximiendo del pago de la renta mínima anual garantizada (RMAG) durante el período del estado de alarma inicial (del 14 de marzo al 20 de junio de 2020).
A partir de entonces, esa renta mínima garantizada que debe pagar el local quedaría reducida proporcionalmente en función del volumen de pasajeros en el aeropuerto en el que se encuentre respecto al tráfico aéreo registrado en 2019.
Durante el pasado mes de junio, el Congreso aprobó por unianimidad en su Comisión de Hacienda una iniciativa no legislativa, a propuesta de Esquerra Republicana, para exigir «acuerdos equilibrados» con los negocios ubicados en los aeropuertos.
Precisamente a esa iniciativa alude CC en la enmienda aprobada por el Senado, criticando en su justificación que «este mandato unánime del Congreso no sólo ha sido desatendido por Aena, sino que en muy buena medida el conflicto se ha recrudecido en las últimas semanas», señala, denunciando que Aena exige el pago íntegro de la RMAG y fuerza la apertura total de locales «con la amenaza de la imposición de graves penalidades en caso contrario y la resolución de los contratos».
Por otro lado, distintas asociaciones de comerciantes y restauradores han pedido el respaldo a los grupos parlamentarios con el fin de salvar esta enmienda y lograr el ahorro en las rentas que deben pagar estos locales, entre ellas Hostelería de España, Marcas de Restauración, Foment del Treball Naacional, Eurelia, y Comertia, entre otras entidades.
Estas organizaciones alegan que las exigencias de Aena de no abaratar las rentas de sus alquileres para ajustarlas al tráfico aéreo provocaría la insolvencia y el cierre de la gran mayoría de empresas que operan en sus aeropuertos. La propuesta del gestor aeroportuario, que volvería a cobrar el 100% de las rentas en octubre, es «claramente insuficiente» y no guarda relación con la realidad que viven sus negocios.
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Operadores Comerciales de Aeropuertos (AEOCA), Manuel Zea, también ha remitido una carta a los grupos donde critica que los dos principales accionistas privados de Aena, los fondos de inversión TCI y Black Rock «han promovido y convencido al Consejo de Administración a seguir la línea ‘dura’, en contra de las dos primeras propuestas del Departamento Comercial de Aena» que, asegura, planteaban adaptar las rentas al tráfico aéreo.
Asimismo, la misiva dirigida a los diputados del PSOE recuerda que «los sindicatos se han posicionado en contra de la postura actual de Aena» y que las empresas que aceptaron los acuerdos ofrecidos por Aena «no aceptaron la propuesta por considerarla justa», sino que «en su gran mayoría» fue «el único recurso para evitar las ejecuciones de los avales».
