El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha insistido en las propuestas de Unidas Podemos para evitar más subidas del precio de la luz, como son la regulación de los precios y la intervención del mercado eléctrico mediante la creación de una empresa pública de energía.
Con respecto a fijar precios, una medida a la que ya se opuso la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el ministro insiste, en una entrevista este domingo en la Cadena Ser recogida por Europa Press, en que desde Unidas Podemos tienen que «ser capaces de convencer» al PSOE de ello.
«Este es el debate que hay abierto ahora mismo en el Parlamento, en los grupos parlamentarios, en los partidos políticos y que tiene su reflejo también en el Gobierno de coalición», indica.
Y sobre la intervención del mercado, ha defendido que hay «muchas formas de hacerlo», desde la fórmula más conocida y «caricaturizada», en su opinión, como es la de la nacionalización, hasta la fórmula de «ir recogiendo el final de las concesiones, que son a lo largo de muchos años, pero empiezan ya el año que viene, ir acumulando todo ese potencial y esos mecanismos e instrumentos en un actor público».
Sin embargo, este mismo domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha manifestado sobre este asunto en una entrevista en ‘El País’. Asegura que el asunto de crear una empresa pública eléctrica se discutió en el programa de coalición «y quedó fuera». «No forma parte del acuerdo de coalición. Por tanto, el Gobierno no se siente concernido por esa propuesta», indica.
El ministro también ha hablado sobre que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) haya reconocido que algunas empresas han inflado la factura a sus clientes aprovechando la subida del precio de la luz. Sin embargo, el organismo regulador no dice qué empresas han sido.
«Cuando las empresas cometen algún tipo de abuso y está demostrado, es decir, que tenemos suficientes indicios, es importante que se sepa quiénes son. Es muy importante porque es un aviso a navegantes. Esto es esencial para que la impunidad no reine, especialmente en mercados que son tan complejos que existen tantas facturas distintas, tantos contratos, tantas formas distintas de confundir a la gente», ha señalado al respecto.
Garzón también ha conversado sobre las líneas 902 y 901, ilegales desde diciembre de 2020, pero que aún continúan existiendo. En este sentido, el ministro opina que la ley la está cumpliendo «la inmensa mayoría» de las empresas, que ha habido un «avance sustancial» en la materia pero que todavía quedan «rezagados». «Hay algunos casos que nosotros estamos haciendo vigilancia y aviso a las comunidades autónomas para que hagan las sanciones correspondientes, que son en este momento las que tienen la potestad de poder sancionar a esas empresas que no cumplan», explica Garzón.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 20 de julio en primer lectura el anteproyecto de ley que otorga capacidad sancionadora al Ministerio de Consumo. Según ha anunciado Garzón, el siguiente paso (aprobación en Consejo de Ministros) podría darse en «un par de meses como muy tarde» para que, «a final de año» esté en el Congreso de los Diputados. «Esperamos que a principios del año que viene ya tengamos este mecanismo que nos va a permitir hacer lo que ahora sólo pueden hacer las comunidades autónomas en determinadas líneas, en determinados parámetros», ha añadido. El objetivo de que Consumo pueda también sancionar es que se logre «desincentivar que las grandes empresas cometan fraudes y abusos».
Preguntado sobre con respecto a qué temas esperan actuar en cuanto tengan capacidad sancionadora, Garzón ha hablado de que la mayoría de las denuncias que recibe el Gobierno de manera directa por trámites, a veces informales del Ministerio de Consumo, o de manera indirecta a través de las comunidades autónomas, «tienen que ver con el sector financiero, con el de las telecomunicaciones y con el sector de la energía». «Es normal, son los tres grandes sectores de tres suministros que son básicos», comenta.
