El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado esta semana por Banco Sabadell a los sindicatos, que supondría el recorte de 1.900 puestos de trabajo, elevará a alrededor de 17.000 empleos los afectados por los ajustes realizados por la gran banca en España durante el último año.
Los motivos esgrimidos por Sabadell para llevar a cabo este recorte se sustentan en la búsqueda de una mayor rentabilidad en un entorno de bajos tipos de interés y con una creciente presión en los márgenes, una situación que se ha recrudecido desde el comienzo de la pandemia de Covid-19 en marzo de 2020.
Se trata, no obstante, de una situación que está experimentando todo el sector bancario, que ya ha realizado varias reestructuraciones sobre sus plantillas y sus redes de oficinas como una de las palancas para reducir la factura de los costes.
La transformación digital, acelerada a raíz de la pandemia, ha venido a sumar más presión a la banca, que está reorientando sus negocios para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo hacia el uso del canal digital por encima del canal ‘offline’, es decir, la presencia en oficinas.
Sin embargo, existe una encrucijada para el sector: al tiempo que la reestructuración y la digitalización permiten ganar en eficiencia y en rentabilidad, el cierre de oficinas ha provocado las quejas y denuncias por parte de asociaciones del medio rural y partidos políticos debido a que estos recortes afectan, especialmente, a las poblaciones rurales con menor acceso a los servicios bancarios.
De hecho, un informe de Banco de España detectó que casi 1,2 millones de españoles no contaban a finales de 2020 con un punto tradicional de acceso a efectivo en su municipio.
En este sentido, Castilla y León era la comunidad autónoma con una cobertura menos amplia, con Zamora (un 27,8% de la población sin acceso sobre el total de población de la provincia), Ávila (21%), Segovia (19,9%), Salamanca (18,7%) y Palencia (18,2%) como las provincias que presentaban menores ratios de población con un punto tradicional de acceso al efectivo en un radio de cinco kilómetros.
Al ajuste de 1.900 empleos propuesto por Banco Sabadell esta semana, se suman las 1.800 salidas efectuadas a principios de 2021 dentro de un plan voluntario de prejubilaciones pactado con los sindicatos a finales de 2020.
Sin embargo, Sabadell no es la única entidad que actualmente está realizando procesos de reestructuración con el objetivo de conseguir eficiencia y ganar rentabilidad. CaixaBank y BBVA son las otras dos grandes entidades que a día de hoy están inmersas en la aplicación de ajustes en sus plantillas.
La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri pactó a finales de julio un ERE voluntario de 6.452 trabajadores al que se han adscrito, finalmente, 8.246 empleados, un 27,8% más de las salidas pactadas. Está previsto que antes del 20 de septiembre, CaixaBank haya informado a las personas solicitantes de la aceptación o no de su adhesión.
Por su parte, BBVA recibió 5.216 peticiones de adhesión voluntaria al procedimiento de despido colectivo pactado con los sindicatos y que supone 2.735 extinciones y 210 excedencias incentivadas.
De su lado, Banco Santander completó su ERE a finales de julio con la salida de los 3.572 empleados que contemplaba el proceso, de los que el 99,5% lo ha hecho en fase voluntaria.
Bankinter ha sido, por el momento, la única gran entidad que no ha realizado este tipo de ajustes. En la presentación de sus resultados semestrales, a finales de julio, volvió a descartar realizar despidos tanto en su negocio de España como en el de Portugal.
De esta forma, el total de afectados por ajustes de empleo en la gran banca se elevará en torno a 16.600 empleados en caso de confirmarse las salidas en Sabadell, si bien todavía no se ha iniciado la mesa de negociación con la representación de los trabajadores.
Otras entidades también han realizado recortes de plantilla durante el último año. Es el caso de Ibercaja Banco que anunció un recorte de 750 puestos de trabajo y que la entidad prevé completar en junio de 2022.
Por su parte, Abanca pactó con los sindicatos 190 prejubilaciones tras la integración de Banco Caixa Geral. En este caso, el ajuste se anunció antes del Covid-19, a finales de febrero de 2020, si bien el acuerdo se alcanzó a mediados de abril de 2020, en pleno estado de alarma. El banco presidido por Juan Carlos Escotet también ha adquirido Bankoa y Novo Banco, aunque por el momento no se prevén nuevos ajustes.
Por último, está por conocerse el ajuste que realizará Unicaja Banco tras la fusión legal con Liberbank, sellada el 30 de junio con la inscripción de la operación en el Registro Mercantil de Málaga.
