La búsqueda de un modelo energético eficiente, sostenible y económico se ha convertido en una prioridad para muchos hogares en España. En este contexto, la instalación de paneles solares en las viviendas es una opción que permite potenciar estos aspectos en el consumo de energía. Sin embargo, uno de los obstáculos para el avance de esta transición señalados por la Fundación Renovables es el accionar de 3 grandes empresas de distribución eléctrica: Iberdrola, Endesa y Naturgy. Esta «mala praxis» en materia de autoconsumo y comunidades energéticas ha provocado un estancamiento del mercado de las energías renovables, afectando a algunas compañías del sector como Vatios Verdes.
Las principales distribuidoras de electricidad de España — entre las que se encuentran Iberdrola, Endesa y Naturgy — son las responsables de dar de alta las nuevas estructuras de autoconsumo en el país. En este escenario, la Fundación Renovables ha denunciado que estas firmas están retrasando la implementación de estos sistemas, ya que postergan los trámites e incumplen el plazo de 2 meses estipulado en la ley. Esta situación no solo pospone, sino que desincentiva la instalación paneles solares en hogares y comunidades de propietarios.
A su vez, estas prácticas entorpecen el camino hacia la transición energética, dificultando el proceso de descarbonización en el territorio español. De este modo, los ciudadanos se ven obligados a continuar comprando electricidad a las grandes corporaciones que manejan la generación, distribución y comercialización de energía. Estas empresas son controladas mayoritariamente por los Estados de China, Argelia, Catar e Italia, los cuales tienen más interés en proporcionar gas para su comercialización que en fomentar el autoconsumo.
Ante la ralentización de la transición energética en España, la Alianza por el Autoconsumo han manifestado la necesidad de un nuevo marco legal que establezca claramente las obligaciones de las compañías distribuidoras. En este sentido, las más de 70 entidades que conforman esta organización plantean un nuevo modelo que favorezca la descentralización y la democratización de la generación, distribución y comercialización de energía. Para ello, las empresas de electricidad deberían ser retribuidas en función de si facilitan o no la aceleración de la adopción de energías limpias.
Asimismo, la iniciativa propone incentivos para las compañías que presten un servicio adecuado a las necesidades de esta transición ecológica. Así, firmas como Vatios Verdes se verían beneficiadas con la activación de nuevas líneas de trabajo, lo que agilizaría la instalación paneles solares. Esto representaría un gran aporte tanto a la descarbonización del sistema energético nacional como a la economía de numerosos hogares y negocios en el país.
