La deuda de la Seguridad Social frente al Estado alcanzó a 31 de diciembre de 2019 los 55.020,9 millones de euros, según certifica el Tribunal de Cuentas tras su examen y comprobación de la Cuenta General del Estado del ejercicio 2019.
En su Declaración de la Cuenta General del Estado del ejercicio 2019, el órgano fiscalizador incluye dos ‘párrafos de énfasis’ para informar del patrimonio neto negativo de la Seguridad Social –de 53.160,8 millones a 31 de diciembre de 2019– y una contracción del PIB del 11% como consecuencia de la pandemia en 2020.
Otro ‘párrafo de énfasis’ va dirigido a advertir del aumento significativo de los déficits presupuestarios y de la deuda pública en los próximos ejercicios, como consecuencia de las medidas aprobadas para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales, y la suspensión de las reglas fiscales.
Respecto a la legalidad y representatividad de la Cuenta General del Estado, el Tribunal señala que, a excepción de una serie de salvedades, «presenta fielmente en todos sus aspectos significativos la situación económica, financiera y patrimonial, los cambios en el patrimonio neto, los flujos de efectivo, los resultados del ejercicio y la ejecución y liquidación del presupuesto del grupo de entidades que han de integrarse en ella».
Entre las salvedades reseñadas, el Tribunal alerta de que el resultado presupuestario consolidado está sobrevalorado en 117,6 millones de euros, como consecuencia de obligaciones y derechos imputados por defecto o en exceso en el presupuesto del ejercicio.
Asimismo, el resultado económico-patrimonial en 2019 está infravalorado en 144,8 millones, al no impotarse ingresos derivados de la contabilización de deudores por reintegros de pagos indebidos de prestaciones hasta el momento del cobro por parte de l Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Imserso y el Instituto Social de la Marina (ISM).
Por otro lado, el Tribunal censura que en el proceso de consolidación se hayan eliminado de los estados financieros las operaciones relacionadas con las bonificaciones para el fomento del empleo a cargo del SEPE, por valor de 1,784,5 millones, algo considerado incorrecto puesto que las empresas beneficiarias no forman parte del perímetro de consolidación de la General.
De todas las 441 entidades del sector público estatal no se han integrado en la Cuenta unas 54 entidades. Tampoco siete entidades con participación directa de entre las entidades multigrupo y asociadas, de un total de 14, ni 47 con participación indirecta (de un total de 226).
Otras de las salvedades pasan por la falta de inventarios completos en la Administración General del Estado, estando pendiente de incluir una parte significativo de su inmovilizado material, las deficiencias en entidades como la Seguridad Social u organismos autónomos.
El Tribunal también señala obligaciones de diciembre de 2019 correspondientes a prestaciones contributivas y no contributivas por 12.684,7 millones de euros, no imputadas al presupuesto pero que reúnen todos los requisitos para estarlo. El pasado año, el importe por este mismo concepto se imputó a esta cuenta y fue objeto de imputación presupuestaria en 2019 por 11.950,2 millones.
Por otro lado, el órgano fiscalizador expresa «dudas razonables» sobre la posibilidad de cobrar deuda por cotizaciones sociales de instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, objeto de moratoria desde los Presupuestos de 1995, por valor de 677 millones de euros, lo que puede suponer un deterioro adicional a las cuentas de la Seguridad Social y una carga financiera impropia.
Ni la Tesorería General de la Seguridad Social ni el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) registran deterioro de valor de estas deudas, señala el Tribunal, que cifra el mismo en 134,8 millones. No así el SEPE, que lo tiene sobrevalorado en 12,9 millones.
Finalmente, el Tribunal advierte de la insuficiente provisión para devolver impuestos, con un saldo al cierre del ejercicio de 13.460,5 millones de euros, por tener en cuenta exclusivamente solicitudes pendientes de devolución presentadas durante 2018 y 2019, solo a sus tributos, y sin tener en cuenta intereses devengados.
Por otra parte, la provisión fue excesiva en 995 millones al tener en cuenta en su dotación solicitudes de devolución de activos fiscales diferidos o créditos por impuestos diferidos que ya habían sido denegadas por la Agencia Tributaria antes del cierre del ejercicio.
Y, por último, la provisión fue insuficiente en 400 millones al no haber recogido el total de solicitudes de devolución amparadas por una sentencia del Tribunal Supremo relativa a la tributación en el Impuesto sobre la renta de no residentes.
