El juez de la Audiencia Nacional que investiga los diferentes trabajos que el comisario jubilado José Manuel Villarejo realizó para Iberdrola ha puesto un plazo de diez días para que los fiscales Anticorrupción informen sobre la pertinencia o no de imputar a la eléctrica en esta causa. Quiere clarificar cuanto antes la situación procesal de la compañía, que podría correr la misma suerte que el BBVA.
En un auto fechado en este 25 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Manuel García-Castellón indica que puede darse un posible conflicto de intereses en esta causa, ya que Iberdrola ha puesto de manifiesto en un escrito que quiere actuar como acusación particular frente a «uno de los testigos claves», el exdirectivo de la compañía José Antonio del Olmo, autor de dos informes en 2004 que apuntaban al presidente, Ignacio Sánchez Galán, y otros directivos como responsables de irregularidades en la contratación de la empresa de Villarejo.
Esto deriva de que se hayan acumulado en esta pieza 17 de Tándem las diligencias 124/2020 del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao, abiertas tras la querella de la eléctrica contra el exdirectivo. Este hecho podría suponer que la mercantil acabara apareciendo como acusación y como imputada en un momento dado.
La resolución responde a una batería de escritos previos de diferentes partes, entre los que está la propia Iberdrola, que pedía al juez que le informara de la acumulación de las diligencias que se seguían en Bilbao y que arrancaron en virtud de una querella de la compañía contra Del Olmo. Al hilo, consideraba la eléctrica que debía ser reconocida como parte y por tanto tener acceso al contenido de las actuaciones, y solicitaba además ampliar la querella por un delito de falsedad documental.
El juez recoge también que el propio Del Olmo denuncia que se están produciendo una serie de demandas contra su persona que responden, a su juicio, a una estrategia de «acoso y derribo» contra él, por lo que muestra su oposición a la ampliación de la querella interesada por la representación procesal de Iberdrola.
Al hilo, la defensa de otros dos investigados, José Luis San Pedro y Carlos Rebollo, destaca que si se acumula la causa de Bilbao, esto provocará que la compañía sea querellante, y obligará por tanto a investigar los hechos. Otro de los recursos a los que se refiere el magistrado en el auto, el de la representación de Cornelius Dica, interesa que la empresa del Ibex designe a una persona como representante de la mercantil y sea citado por el juez como imputado.
Tras ello, García-Castellón recuerda que el pasado 22 de junio imputó en la causa al presidente de la compañía, a su ‘número dos’, Francisco Martínez Córcoles, y a otros dos directivos por su presunta participación en un delito continuado de cohecho activo, otro contra la intimidad y un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Y apunta que esta acusación se sustenta «precisamente en la valoración que se infiere de la documentación vinculada a Del Olmo».
Recuerda que dos informes, uno de 1 de diciembre de 2004 y otro de 20 de diciembre de 2004, ambos firmados Del Olmo, fueron depositados en sobre cerrado en una notaría de Madrid el día 20 de diciembre de 2004, y que fueron devueltos a los depositantes (Del Olmo y dos testigos, Marcos Peña y Ángel Zarabozo) ya dentro de la instrucción de la presente causa, el 21 de enero de 2020.
De esto, el juez concluye que «aparentemente» ya en 2004 se pusieron de manifiesto las sospechas de «actuaciones irregulares por parte de Iberdrola S.A. y algunos de sus directivos» al menos en relación con la ejecución de los trabajos del proyecto ‘Arrow’, en el que se trataba de vencer obstáculos tanto administrativos como sociales para la construcción de una central en Arcos de la Frontera (Cádiz).
Sobre el hecho de que se depositaran los informes en una notaría, el juez apunta que los tres coinciden en su versión de los hechos al señalar que constituyó una reacción «para protegerse por si acaso en el futuro sus sospechas en cuanto a eventuales irregularidades en la compañía con relación a esos trabajos y facturas quedaban confirmadas».
Así las cosas, y dado que el juez quiere resolver pronto el papel que debe jugar la eléctrica en esta pieza 17, «a fin de minimizar el impacto que una posible responsabilidad penal pudiera tener en la entidad», le da diez días a los fiscales. Esta urgencia, viene en parte impulsada por la propia energética que se quejaba en uno de sus escritos ante el juez de que se producían «constantes filtraciones e insinuaciones sobre la posible responsabilidad de la compañía o algunos de sus directivos (..) que perjudicaban sus legítimos intereses».
Además, el juez en la parte dispositiva del auto, pregunta a la Fiscalía también que valore la posibilidad de acordar el sobreseimiento provisional de los hechos objeto de la querella que dio lugar a la causa del Juzgado de Instrucción nº 3 de Bilbao.
