El Club de Exportadores e Inversores españoles ha rechazado este viernes el «intento» del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, «de implicar a las empresas españolas en la crisis de Gaza» con las cartas remitidas.
Esta semana, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha remitido cartas a empresas españolas en Israel para que adopten todas las medidas necesarias para garantizar que con su actividad no contribuyen a exacerbar la situación en Gaza, que ha calificado de «genocidio».
El Club de Exportadores ha criticado que se hayan remitido estas cartas remitidas por un ministro «que no tiene competencias en esta materia». Así, han remarcado que el ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 carece de competencias en la materia y consideran que «invade las áreas correspondientes a las carteras de Asuntos Exteriores y Economía, que no han secundado el contenido de la misiva».
A través de un comunicado, el Club de Exportadores ha asegurado que tanto las empresas españolas que comercian con Israel, como aquellas otras que operan en ese país, se ajustan a la legalidad internacional y lo hacen en la convicción de que el Estado de Israel es una democracia con la que España mantiene relaciones diplomáticas de acuerdo con la legalidad internacional, y vínculos históricos seculares.
Según el Club, Israel es uno de los pocos países de la región con los que España mantiene un saldo comercial positivo, si bien en los meses transcurridos desde el inicio del conflicto, las exportaciones españolas a Israel se han reducido un 33% y ha desaparecido prácticamente el superávit en la balanza comercial bilateral.
Con todo, el Club debe ha rechazado firmemente el intento del ministro de «hacer recaer» sobre las empresas españolas que exportan o invierten en Israel la responsabilidad de supervisar cuestiones que evidentemente se escapan a sus posibilidades de control y que no están sometidas a sanciones por parte de la Unión Europea, y que pudieran ser consideradas ilegales, o incluso delictivas, por el Estado de Israel.
La única obligación de las empresas exportadoras e inversoras españolas debe ser, según el Club, el estricto cumplimiento de la legalidad española y del país donde operen, en este caso Israel, en el contexto de lo que la Unión Europea disponga al respecto.
El Club ha defendido que es una organización partidaria de la paz y de las soluciones negociadas a los conflictos, que condena cualquier violencia ejercida sobre población civil, «sea cual sea el bando que la realice».
