El secretario General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Fernando Miranda, se ha reunido este miércoles con buena parte de las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias para abordar la situación del sector apícola y, de manera específica, las medidas de apoyo que se conceden a través de la Intervención Sectorial Apícola (ISA).
En concreto, Agricultura se ha comprometido a flexibilizar algunos aspectos de la aplicación de esta intervención sectorial y a desarrollar cuanto antes la nueva normativa de etiquetado de la miel, ampliamente apoyada durante la Presidencia española de la Unión Europea, y que fue aprobada por el Parlamento europeo la semana pasada.
El secretario general ha recordado el incremento del presupuesto de esta medida en el período 2023-2027, hasta alcanzar la cifra de 19,5 millones de euros anuales. También ha recordado que, durante este período, la Intervención Sectorial Apícola forma parte del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC).
Precisamente, la aprobación del reglamento delegado de la Comisión Europea, con posterioridad a la aprobación del Plan Estratégico ha suscitado la preocupación sobre la elegibilidad de determinados gastos por los que los apicultores pueden solicitar ayudas, aspecto que el Agricultura se ha comprometido a abordar en los próximos días tanto con las propias organizaciones agrarias como con las comunidades autónomas, con el objeto de encontrar una solución.
Igualmente, durante la reunión Miranda ha informado acerca de la aplicación de la directiva acordada durante la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea (UE) y aprobada la semana pasada en el Parlamento, que permitirá incluir en el etiquetado de la miel, cuando se trate de mezclas, el porcentaje de cada origen, con el objeto de poder poner en valor la producida en España y apoyar así el trabajo de los apicultores españoles.
El Departamento que lidera Luis Planas tiene previsto desplegar acciones informativas dirigidas al consumidor para que se familiarice con la nueva normativa de etiquetado, de manera que pueda distinguir con mayor facilidad la miel producida en España. Además, se realizarán acciones de promoción específicas para fomentar el consumo de la miel producida en España.
Por su parte, el sector apícola de COAG ha denunciado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pretende eliminar la subvención a la alimentación suplementaria de las abejas, que es vital ante los efectos del cambio climático y la elevada mortandad en colmenas, y que en 2023 supuso un sobrecoste anual de 10.000 euros para una explotación tipo de 500 colmenas, según informa en un comunicado.
En concreto, el secretario general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda, ha avanzado esta propuesta durante la reunión que ha mantenido este miércoles con el sector apícola nacional.
COAG ha mostrado su «absoluto rechazo» a esta propuesta, que también eliminaría los apoyos a la compra de cera, equipos de protección individual o gastos de envío y recogida de muestras.
«El Ministerio no puede echar balones fuera y decir que son imposiciones de Bruselas. Su decisión se basa en una interpretación excesivamente restrictiva de la base legal aplicable, por lo que hay margen para buscar alternativas y negociarlas con las autoridades comunitaritas, tal y como nos han trasladado en la propia UE», ha subrayado el responsable del sector apícola de COAG, Pedro Loscertales.
El sector apícola de COAG ya remitió a Agricultura en marzo un informe elaborado por los servicios técnicos de apicultura donde advertía de los graves efectos para la viabilidad de las explotaciones profesionales apícola de la retirada de estos apoyos económicos.
«Esto sería muy problemático en el sector, no sólo por lo que supondría en próximos ejercicios, sino también porque muchos de los conceptos que se ponen en cuestión ya han sido objeto de gasto en la campaña actual», ha apostillado LosCertales.
COAG ha recordado que los apicultores españoles arrastran tres campañas consecutivas de graves pérdidas por sequía, con reducciones de cosecha de miel de hasta el 80% en las zonas con menores precipitaciones. A pesar de ello, los precios pagados por la industria envasadora se han mantenido por debajo de los costes de producción, situando a miles de explotaciones apícolas por debajo del umbral de rentabilidad.
