El presidente de LaLiga, Javier Tebas, reiteró este martes que «tan ladrón es el que emite la señal pirata» de un partido de fútbol «como el que la ve o la compra a precios irrisorios», en referencia al auto del Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona admitiendo la diligencia preliminar solicitada por LaLiga para requerir a los teleoperadores que faciliten los datos personales de quienes comparten ilícitamente sus contenidos y no de sus usuarios finales, como entiende la patronal.
«El auto dice lo que dice, aunque algunos siguen empeñados en lo contrario. Por cierto, qué ganas de seguir apoyando conductas ilegales. Tan ladrón es el que emite la señal pirata como el que la ve o la compra a precios irrisorios», afirmó Tebas en sus redes sociales.
El dirigente insistió en que «ver contenidos piratas es igual que robar, e igual a ser un ladrón», aprobando así la versión que defiende LaLiga del auto del Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona emitido este lunes.
Según indicó este lunes en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a raíz de la sentencia emitida la semana pasada, lo que el tribunal requiere en su auto es «únicamente» los datos de los denominados ‘cardsharers’, usuarios legítimos que «redifunden a terceros», normalmente determinadas redes ‘pirata’ la señal y «obtienen un lucro con ello y no, por tanto, de los que únicamente defraudan la cuota».
«La descripción de esta práctica permite concluir que se están realizando actos de puesta a disposición o difusión de forma directa o indirecta de contenidos, obras o prestaciones objeto de los derechos audiovisuales. Estos actos, que son la base para acordar la diligencia preliminar solicitada sólo pueden ser realizados por los ‘cardsharers’ que redifunden la señal y se lucran con ello, y no por los meros usuarios finales», advirtió en su dictamen.
El tribunal insistió en que «las eventuales futuras demandas que derivasen de estas diligencias preliminares solo podrían ir dirigidas contra los ‘cardsharers’ que redifunden señal para obtener un lucro», sentenció el comunicado, aunque LaLiga respondió poco después a lo que consideró «una interpretación» del gabinete de prensa del TSJC sobre este auto ya que entiende que señala también a los usuarios finales.
La patronal apuntó que el auto, «de forma literal», acuerda la solicitud de su diligencia preliminar que consiste en, en primer lugar, «el envío a los operadores de acceso a Internet identificados al final de esta resolución de los Documentos técnicos adjuntos con la petición de LaLiga» como son el «Informe Técnico, fichero con Cuadro de identificación de Servidores (direcciones IP u puertos), pruebas de contenidos audiovisuales protegidos a los que se accede de forma ilícita, y guía de información que se solicite».
En segundo lugar, que «se acuerde la entrega por parte de los Operadores de acceso a Internet requeridos de ficheros que contengan la dirección IP asignada al usuario cuando accedió al Servidor que le facilitó el compartir el contenido audiovisual de forma ilícita, nombre y Apellidos del titular del contrato del servicio de acceso a Internet, dirección postal de la instalación de la línea y de facturación, documento identificativo respecto de la información de la Dirección IP del servidor al que ha conectado, puerto del servidor al que ha conectado y hora de la solicitud».
Y en tercer lugar, esta diligencia preliminar solicita que «la ejecución de la entrega del fichero indicado en el punto 2 se realizará directamente por los operadores a LaLiga mediante envío por canal seguro y electrónico sin necesidad de comparecencia presencial en sede judicial».
Finalmente, LaLiga apuntó igualmente que el auto recoge que la patronal «proporciona en su solicitud las direcciones IP y puerto de los servidores, así como la hora de la solicitud, datos obtenidos legítimamente» para que los operadores den cumplimiento al auto.
Por su parte, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, indicó el pasado fin de semana que el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona había decretado que «las telecos de este país están obligadas» a darles «los clientes que contacten a una serie de direcciones IP» que iban a suministrarles el equipo antipiratería de la patronal.
El dirigente dejó claro que «no es una multa», pero sí «una reclamación de daños y perjuicios». «Nosotros reclamaremos y requeriremos a estos clientes que no continúen haciéndolo porque si no se les reclamará daños y perjuicios por medio de los tribunales», advirtió.
