La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha defendido que el impuesto extraordinario a las empresas energéticas pueda convertirse en un «incentivo para la inversión» verde.
Durante su comparecencia en el Congreso para explicar las líneas generales de su departamento en la legislatura, la ministra ha indicado que ahora «lo más importante» en materia de transición energética es «aprovechar estos años para acometer inversiones relevantes» en la producción energética.
«Debemos trabajar para que esos 30.000 millones de euros año que se estima se requieren de inversión en transición energética, asegurando precios estables, bajos y asumibles a medio plazo puedan materializarse», ha remarcado Ribera.
Es en este marco donde la vicepresidenta ha defendido que lo que «hasta ahora ha sido una referencia fiscal se convierta en un incentivo para la inversión». Teresa Ribera ya avanzó que el tributo a empresas energéticas, diseñado en la legislatura anterior y que se, habría que perfilarlo para adecuarlo a las circunstancias actuales.
La idea del Gobierno es que, mediante los Presupuestos Generales del Estado, las empresas se puedan deducir fiscalmente las inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y con la descarbonización del sistema productivo en el país.
Además de defender esta nueva definición del impuesto, la ministra se ha comprometido a seguir impulsando el autoconsumo en España, en concreto hasta los 19 gigavatios (GW) instalados para 2030.
Ribera se ha comprometido después de que tanto el diputado Sumar, Eloi Badia, como la diputada de ERC, Teresa Jordà, hayan pedido impulsar este tipo de producción energética.
Por un lado, Badia ve necesario impulsar un marco regulatorio y fiscal sobre esta industria para que cada vez sean más los hogares que instalen paneles fotovoltaicos en sus tejados. Por otro, Jordà defiende que el límite de las redes de autoconsumo se amplíen hasta los 20 kilómetros desde los dos actuales, para que así puedan acceder más consumidores que pueden aprovechar esta tecnología, como los polígonos industriales.
Con todo ello, la vicepresidenta ha subrayado que aunque el autoconsumo haya crecido más de un 1.000% desde 2018 este tiene que «seguir haciéndolo» de manera «ordenada» y «bien gestionada» para que esta formación de producción pueda integrarse en el sistema eléctrico en su conjunto.
Por otra parte, Ribera ha defendido que el Gobierno seguirá «defendiendo los intereses de España y agotando «todas las vías de defensa» en los laudos que siguen vivos por el recorte a las primas renovables.
La ministra ha recordado que este no fue un problema de este Gobierno ni del de José Luis Rodríguez Zapatero, sino que fue «un problema generado por el Gobierno del señor Mariano Rajoy».
A este respecto, ha destacado que en 2019 se aprobó un real decreto por este Gobierno para dar una solución a los inversores por la retirada retroactiva de las primas renovables -que ha llevado a sumar más de una veintena de condenas en contra de España en el Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial-, garantizándoles una mejor rentabilidad, a cambio de renunciar a los arbitrajes.
Otro de los asuntos a los que se ha referido la ministra es al posible cierre de la planta de San Cibrao (Lugo) de Alcoa, una propuesta que ha suscitado recientemente el consejero delegado de la compañía, Bill Oplinguer.
Al respecto, Teresa Ribera ha garantizado su compromiso para que la fábrica «pueda existir» y pueda «pervivir» para que funciones de forma «modernizada, eficiente, generando empleo e invirtiendo en innovación en Galicia».
También ha explicado Ribera que en la actualidad no hay capacidad disponible para sacar a concurso el nudo de la central de carbón de As Pontes (A Coruña), ya cerrada. Lo que sí habrá será una subestación de 400 kilovatios (kw), incluida en el plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2021-2026.
«Garantizarán el abastecimiento de nuevos proyectos industriales y aflorarán nueva capacidad de acceso para proyectos de energía renovables que contribuyan a mejorar la competitividad de la industria gallega», ha defendido la vicepresidenta.
Por otro lado, y ante las críticas del diputado del PP, Juan Diego Requena, de que el Gobierno ha incrementado las compras de gas ruso, Teresa Ribera ha explicado que el Ejecutivo «no compra gas» porque se trata de una actividad liberalizada.
«El Estado no compra gas, compran los ‘traders’, compran los consumidores, compran los importadores», ha dicho Ribera. Lo que sí ha hecho Ribera ha sido recomendar no firmar nuevos contratos de suministro con Rusia, pero insistiendo en que el Estado no tiene competencia para imponer prohibiciones a las importaciones.
