Hay pocos ámbitos donde el lenguaje tenga tanto protagonismo como en el ámbito jurídico. Los textos legales idealmente no deben tener ambivalencias ni dejar margen a diferentes interpretaciones. La doctrina legal recurre a diferentes figuras jurídicas que deben conocerse para interpretar bien un texto de este estilo. En el pasado, los textos jurídicos rebosaban de latinismos, frases interminables de una compleja sintaxis o largas enumeraciones. ¿Quién no conoce la sensación de desamparo ante este tipo de textos, cuando al leerlos por tercera o cuarta vez, aún no se sabe exactamente lo que quieren decir?
La complejidad del lenguaje utilizado en documentos jurídicos a menudo representa un obstáculo para la interpretación general debido a las especificidades, tecnicismos y la abundancia de conceptos especializados. Para mejorar su comprensión, a lo largo de los años se han abordado iniciativas para un lenguaje legal más accesible que hoy están nuevamente en escena. Intertext se suma a estas iniciativas y busca promover la modernización y simplificación del lenguaje legal por medio de traducciones profesionales que siguen las recomendaciones resultantes.
La modernización del lenguaje jurídico en España ha sido un tema recurrente desde 2009, año en el que surgió la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico por acuerdo del Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2009 con el propósito de mejorar la comprensión del lenguaje legal, especialmente en la Administración de Justicia. Esta comisión tenía como mandato la elaboración de un informe que analizara la situación en ese momento del lenguaje empleado por los profesionales del Derecho y llevar a cabo la elaboración de aquellas recomendaciones que se estimaran necesarias para su mejora.
Las recomendaciones esbozadas, dirigidas tanto a profesionales como a las instituciones, fomentaron la claridad y el abordaje de las deficiencias en las expresiones del ámbito legal, por medio de recursos prácticos. Con consejos de oralidad y redacción para los letrados, así como medidas institucionales, guías y materiales de consulta. También se promovió el compromiso conjunto por acercar el lenguaje jurídico a los ciudadanos. Además, se destacó la importancia de la percepción pública a través de los medios de comunicación, con una recomendación adicional orientada a que los periodistas se apoyen menos en el rigor técnico y más en la claridad, con apoyo profesional. Estas acciones establecieron las bases para un trabajo conjunto en busca de una comunicación jurídica más efectiva y se impulsaron distintos mecanismos para su adaptación en esos ámbitos.
En 2021, se creó otra comisión vía orden JUS/912/2022 publicada en el BOE formada por diferentes órganos, entre ellos el Ministerio de Justicia, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial; la Fiscalía General del Estado, así como la Real Academia Española o la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. El fin de la comisión es asesorar y fomentar nuevamente el uso de un lenguaje jurídico más moderno y accesible para la ciudadanía dentro del Plan Justicia 2030. El tema de la modernización del lenguaje jurídico vuelve a formar parte de este plan, concretamente en el apartado de accesibilidad de la justicia. Esta accesibilidad tiene una vertiente lingüística, la de garantizar un lenguaje accesible mediante la claridad del lenguaje jurídico y la normalización lingüística en la Administración de Justicia.
La comisión tenía la obligación de presentar unas recomendaciones sobre el lenguaje que se usa por los profesionales del Derecho para que la comprensión de la ciudadanía respecto temas jurídicos sea más eficaz. Aun así, en el caso de la traducción jurídica se trata de una tarea difícil de abordar, y es necesario que se lleve a cabo por expertos para garantizar su correcta transformación. No basta con un traductor automático, sino más bien con expertos capaces de ofrecer su ayuda en cualquier caso que pueda darse.
Cabe destacar que es esencial distinguir dos aspectos clave dentro de estas iniciativas. Por un lado, se encuentra la modernización del lenguaje jurídico en general, mientras que, por otro, están los esfuerzos específicos para mejorar la accesibilidad para personas con alguna disminución psíquica. Esto último se refiere a la implementación de un «lenguaje fácil», destinado a facilitar la comprensión para aquellos que se enfrentan a barreras lingüísticas o cognitivas. Hay pocas empresas, entre ellas Intertext, que ofrecen el servicio de adaptación de textos en lenguaje fácil en diversos ámbitos como el institucional y también el jurídico. La iniciativa de adecuación para la accesibilidad es una tarea que debe ser llevada a cabo por personas con formación específica, conocedoras no solo de las dificultades concretas que tiene este colectivo de personas, sino también de las técnicas empleadas para la adaptación de los textos y de los conceptos adecuados del campo jurídico.
Intertext, como prestadora de servicios de traducción jurídica, sigue todas las tendencias de modernización y simplificación del lenguaje legal. Su compromiso con la comunicación clara y accesible en el ámbito legal es un aspecto fundamental, integrado en sus servicios, que busca implantar buenas prácticas en redacción jurídica en sus traducciones, sin perder por ello precisión y rigurosidad terminológica.
