Hoy en día, la presión tributaria en Perú alcanza al 12,9 % del PBI. Se trata de un nivel relativamente bajo, ya que este indicador en América Latina se encuentra alrededor del 23 %. Además, en los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) llega al 34 %. Sin embargo, un reciente informe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) indica que la evasión fiscal en este país se encuentra en torno al 7,7 % del PBI.
Por este motivo, el Poder Ejecutivo peruano emitió en 2022 el decreto legislativo 1,532 para crear los Sujetos Sin Capacidad Operativa (SSCO). Este nuevo tipo legal busca evitar la emisión de comprobantes de pago por operaciones que no son reales y ha sido diseñado para combatir la evasión fiscal. En este contexto, con el apoyo de la reconocida abogada tributarista Haydee Injante, quien es parte del equipo directivo del estudio Enfoque Contable es posible acceder a distintas herramientas legales para evitar ser incluido en este listado. Para ello, plantean las siguientes interrogantes en referencia a este tema.
Según la ley que ya ha entrado en vigencia, un SSCO es una persona jurídica que figura como emisor de comprobantes de pago o documentos complementarios sin tener recursos económicos, materiales o financieros suficientes para realizar las operaciones que se atribuye. A su vez, la lista de SSCO es pública y puede consultarse tanto en la página web de Sunat como en un periódico de alcance nacional. En principio, quienes entran en este listado no pueden salir del mismo durante un período de 4 años.
A su vez, las empresas que figuren como SSCO no pueden emitir facturas. Además, los comprobantes recibidos de parte de un SSCO no pueden ser utilizados para deducir gastos. Asimismo, las sociedades que reciben estas facturas tampoco pueden emplear el Impuesto General a las Ventas (IGV) como crédito fiscal. Esto rige incluso en los casos en los que se ha recibido un producto o servicio.
En cuanto al procedimiento para confeccionar este listado, la Sunat tiene la atribución de iniciar una verificación de campo y de recurrir a distintas fuentes de información, tanto de entidades públicas como privadas. Asimismo, las empresas sospechosas son notificadas por esta superintendencia y tienen un plazo de 30 días hábiles para presentar pruebas que permitan revertir esta situación. Si los descargos no resultan satisfactorios, la sociedad investigada puede ser incluida en la lista de SSCO que se actualiza de manera mensual.
La normativa que sostiene a este sistema ha entrado en vigencia en enero de 2023. Sin embargo, ha tardado en aplicarse, ya que no se había elaborado el reglamento necesario. Actualmente, la Sunat dispone de todas las herramientas necesarias para comenzar a crear este listado.
Entonces, a partir de ahora es probable que haya empresas incluidas en la lista de SSCO y otras que hayan recibido facturas de ellas. En este último caso, existen herramientas legales para evitar que la calificación de un proveedor afecte tanto el gasto como el crédito fiscal. Según explican los profesionales de Estudio Contable, en estos casos una empresa debe llevar adelante un proceso de revisión durante los 30 días hábiles siguientes a la publicación.
Durante estos procesos se solicita a la Sunat la revisión de facturas o comprobantes emitidos por una empresa considerada como SSCO. De este modo, comienza un procedimiento de fiscalización parcial que tiene por objetivo dar sustento a la validez del gasto o cobro representado en esos documentos. A su vez, esto debe concluir con una resolución de determinación.
Este sistema se ha creado ante la presunción de que miles de empresas que están constituidas legalmente y llevan a cabo operaciones económicas de un volumen considerable entregan facturas a terceros por operaciones que no son reales. Esto se hace para justificar costes, gastos y crédito fiscal.
Esto, además, implica una reducción en la base imponible del impuesto a la renta anual. De esta manera también es posible aprovechar el crédito fiscal del IGV incluido en los comprobantes apócrifos. Al desmantelar estas operaciones, el decreto que dictamina la creación del listado de SSCO contribuye a combatir la evasión fiscal.
Por último, hay que tener en cuenta que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió el pasado 30 de diciembre de 2023 una reglamentación que afecta al decreto legislativo 1535. De este modo, se establece un perfil de cumplimiento aplicable a sujetos que generan rentas de tercera categoría y que deben cumplir con obligaciones que administra o recauda Sunat.
Ante estas nuevas disposiciones, los expertos de Enfoque Contable recomiendan que todas las empresas sean cuidadosas y tengan en orden la documentación que da sustento a sus operaciones. Este estudio cuenta con un equipo de profesionales que pone a disposición de sus clientes distintas herramientas legales para poder operar dentro del marco de la ley y con tranquilidad.
