La Alianza UPA-COAG han reclamado el cumplimiento y refuerzo de la Ley de Cadena Alimentaria como «instrumento» de protección del campo de Castilla y León y tras un año «muy complejo» marcado por la sequía, los elevados costes de produccción y la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) que ha golpeado especialmente a cuatro provincias con la muerte de 12.000 animales.
Los responsables de la Alianza, Aurelio González y Lorenzo Rivera, han presentado este martes el balance agrario anual de Castilla y León, en el que han incidido en el «preocupante» cambio climático que ha azotado «duramente» a la región con bajos rendimientos y con costes de producción muy altos en partidas básicas como abonos, fertilizantes, maquinaria, piensos y combustibles.
Los responsables de la Alianza han manifestado que estos costes «disparados» no han podido ser compensados ni vía producción ni vía precios, puesto que en ambos casos las circunstancias han sido muy adversas, «empobreciendo las economías de las explotaciones familiares agrarias».
En este sentido, el año 2024 debe ser clave en la consolidación de la Ley de la Cadena Alimentaria, «para que se cumplan en todos sus extremos», han apuntado, a la par que han recalcado que estos problemas vienen dados «precisamente donde no se cumple» esta normativa «en los productos donde hay contratos».
En este sentido, la Alianza ha resaltado la alta profesionalidad y la experiencia del sector para
seguir produciendo a pesar de las durísimas condiciones de este 2023, que se suma a los problemas de campañas anteriores y que «está acarreando un alto nivel de endeudamiento de las explotaciones familiares», que «a duras penas salen adelante sin contar con la colaboración necesaria por parte de las administraciones para afrontar elevadísimos gastos con escasos ingresos».
En relación al cambio climático, está el problema del agua, para el que ven «imprescindible» llevar a cabo una buena gestión. Es a las administraciones a las que debemos exigir planes y recursos para la creación y modernización de las infraestructuras necesarias: de regulación, de embalses, de intercomunicación de cuencas, de regeneración, y de redes de distribución. Así, han
En esta clave, han hecho alusión a la Política Agraria Común (PAC): «Nos hemos enfrentado en el 2023 a una nueva PAC, es el primer año de implantación, 60.000 explotaciones agropecuarias en Castilla y León, nos hemos tenido que adaptar a unas nuevas normas donde, en algunos casos, son difíciles de cumplir, no por la dificultad en sí, sino porque algunas normas son antieconómicas para con las explotaciones agropecuarias».
«Vamos a intentar mejorar esa política verde, porque creemos que se ha hecho, o se hizo, o se diseñó, antes de las circunstancias tan graves de la pandemia, antes de las guerras, con una filosofía bastante errónea, pensando que aquí todo tenemos que ir a cuestiones medioambientales y sin garantizar la producción de alimentos», han añadido a continuación.
Desde la Alianza UPA-COAG, han reclamado a todas las administraciones que la sostenibilidad que nos exigen a los agricultores y ganaderos sea compatible con el derecho a una renta digna. «Será precisamente uno de los frentes abiertos en el año 2024 que la agricultura y ganadería familiar de Castilla y León ocupe el lugar que se merece», han apuntado.
Y es que, en lo que va de 2023, Castilla y León ha perdido 428 activos agrarios, en una tendencia a la baja que parece «imparable» y que, desde la Alianza, consideran es que es «una consecuencia de la elevada edad media del sector» y de que la tasa de sustitución de los titulares de las explotaciones no es suficiente.
Por ello, en este 2024, van a hacer especial énfasis en que el Gobierno y la Junta les valore como promotores de riqueza, gestión y sostenibilidad del medio; y, además, pedirán un refuerzo de los seguros agrarios que garanticen la supervivencia de las explotaciones agrícolas y ganaderas ante las pérdidas originadas por eventos climáticos o zoosanitarios.
«Torpe sería que el nuevo Gobierno central y la Junta de Castilla y León no entiendan, de una vez por todas, que las organizaciones agrarias somos sus mejores aliadas para el progreso de la agricultura y la ganadería», han señalado, por lo que han pedido «redoblar los canales de interlocución». «Lo que nosotros buscamos es negociación, o bien movilizaciones cuando no se negocia, pero para buscar soluciones a los problemas de los agricultores y de los ganaderos. De hecho, si nosotros tenemos que decir que algo ha hecho bien la Junta de Castilla y León, lo decimos», han señalado.
Respecto a los Presupuestos de 2024, han señalado que con una prórroga de los mismos se quedarán «muy cortos» y que están pidiendo a la Consejería de Agricultura y Ganadería que trabaje para incrementar el presupuesto como mínimo como Andalucía «donde nos duplican el presupuesto propio».
La Comunidad ha lastrado la producción final al punto de verse limitada a 3,37 millones de toneladas, lo que supone una reducción del 50 por ciento respecto de la cosecha media de los últimos cinco años (6,70 millones de toneladas). Estos datos la segunda peor cosecha de este siglo, únicamente mejor que la recolección de 2017, cuya producción se limitó a 2,7 millones de toneladas.
Los malos datos de rendimiento en la cosecha se vieron acompañados de un elevado precio de los insumos en el momento en que se afrontaron las principales labores. Así, cuando se estaba abordando el inicio de la campaña, los precios de los abonos de
sementera se encontraban un 70 por ciento por encima de los registrados al comienzo de la campaña anterior 2021/2022 (la correspondiente a la cosecha de 2022).
Además, tomando como referencia el mes de agosto en Castilla y León, el trigo blando y la cebada presentan un descenso interanual superior al 25 por ciento respecto a los precios del mismo mes de 2022. Y en el campo de la remolacha, en la actual campaña, según la información facilitada por las empresas azucareras, se han contratado en la zona norte 26.880 hectáreas y 2.834.076 de toneladas de
remolacha estandarizada, lo que supone un 59 por ciento más de superficie respecto a la campaña pasada. Hasta el momento, en general, el cultivo de la remolacha se encuentra en una buena situación agronómica en toda la zona norte y las previsiones apuntan a raíces con pesos superiores a los de la campaña pasada, si bien se están registrando polarizaciones más bajas.
Respecto a la EHE, en octubre de este mismo año eran 3.299 explotaciones afectadas por la enfermedad, con más de 6.000 reses muertes, lo que ha provocado pérdidas significativas, tanto en términos de mortalidad animal como de impacto económico. Hasta la fecha, los importes de ayuda se han establecido para las granjas y animales afectados hasta el 16 de octubre para que pudiesen entrar en los presupuestos de
2023.
En este contexto, desde la Alianza UPA-COAG exigen a la Junta que se active «urgentemente» otra partida de ayudas que se destine a los perjudicados después de esa fecha para que no haya discriminación entre ganaderos. Además, al Ministerio de Agricultura reclaman que se implique directamente con los afectados, en primer lugar poniendo ayudas y así complementar las de la Administración regional, y también
trabajando en el desarrollo de una vacuna que entre dentro de las campañas de saneamiento ganadero.
«Evidentemente, 500 euros por un animal muerto no es ni siquiera el 50 por ciento de lo que vale ahora mismo una vaca. Por lo tanto, el sector con más de 12.000 vacas muertas ahora mismo está perdiendo casi 20 millones de euros y han aportado apenas unos 5.700.000 entre abortos y las muertes. Por tanto, es un sector que sí que está afrontando un problema serio de salud», han zanjado.
