Ana de la Cueva lleva veintinueve años trabajando en el Ministerio de Economía. Tras licenciarse en Económicas en la Universidad Autónoma de Madrid en el año 1989, ingresó en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado en 1991. Desde entonces está en el Ministerio de Economía, donde entre otros cargos ha sido responsable de la secretaría técnica de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue directora del gabinete de los secretarios de Estado de Economía, David Vegara, y un tiempo de José Manuel Campa. En junio de 2018 fue nombrada secretaria de Estado de Economía a propuesta de la ministra, Nadia Calviño. Es sobrina de Francisco Ángel Fernández Ordóñez, ministro con Adolfo Suárez y Felipe González, y de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España entre los años 2006 y 2012. Poco antes de dejar su cargo, la entrevistamos, y esto fue lo que nos contó.
Los fondos europeos se presentan como una gran oportunidad para la economía española, pero no siempre les hemos sacado un gran rendimiento. ¿Por qué piensa que en esta ocasión podemos hacerlo?
Si echamos la vista atrás, España fue el país del sur de Europa que mejor utilizó los fondos a finales de los años 80-90. Se realizaron grandes infraestructuras, bien desarrolladas, y el uso del dinero fue muy eficiente. La utilización en los últimos años no ha sido tan intensiva. Los fondos ahora son cofinanciados con las administraciones autonómicas y locales. Hay que adelantar el dinero, y en época de restricciones presupuestarias, es imposible. Los fondos para el plan de recuperación funcionan de un modo distinto, y creo que vamos a ser capaces de utilizarlos bien. El diseño del plan se ha hecho a partir del trabajo que realizamos hace dos años. Estudiamos las fortalezas y las debilidades de la economía española y dónde había que invertir. Ese estudio ha hecho que el diseño de la propuesta sea más rápida y eficiente. Ha sido distinto a otros momentos de la historia de España.
Algunos medios de comunicación y diversos expertos critican a menudo la posible falta de transparencia en la próxima adjudicación de los fondos a los proyectos por el peso que parece va a tener la Oficina Económica de La Moncloa. Personalidades como el líder de Ciudadanos en Europa, Luis Garicano, hubieran visto más oportuna la configuración de una oficina de técnicos independientes para decidir sobre esas adjudicaciones.
Estoy totalmente en desacuerdo. Se parte del error de pensar que la Administración no es profesional. La realidad es que tiene mecanismos profesionales, y hay una legislación europea que vigila las adjudicaciones. La Oficina Económica de Moncloa y el Ministerio de Asuntos Económicos trabajan conjuntamente, y cada uno tiene su función. La Comisión de Asuntos Económicos incluye la Oficina de Moncloa y está presidida por la ministra, Nadia Calviño. Las inversiones del plan se analizan a partir de las propuestas de los ministerios en función de su impacto en la economía y el empleo. El plan lo coordina la ministra y vicepresidenta del Gobierno. Desde la Oficina Económica de Moncloa no se adjudican proyectos porque el organismo no tiene capacidad de gestión. Los fondos se van a repartir en tres años. Se barajaron diversas alternativas sobre cómo hacerlo, pero crear una agencia hubiera llevado ya al menos esos tres años, y no tendría sentido hacerlo por pensar que en la Administración no saben. Han estudiado una oposición, son independientes y tienen las reglas claras. Es un debate improcedente.
¿Cuándo espera que empecemos a notar el impacto de esos fondos en nuestra economía?
En el Presupuesto de 2021 hemos incluido 27.000 millones, de los cuales 24.000 corresponden al plan de recuperación. Su impacto es inmediato en la transformación de iniciativas y en el impulso del crecimiento a corto plazo en proyectos que tendrán un impacto a medio-largo plazo. Tenemos que seguir apoyando el tejido productivo y el empleo y mantener el esfuerzo hecho. Hemos destinado 11.000 millones de euros a la solvencia de las empresas. Nadie esperaba un impacto tan tremendo de la tercera ola, ni que llegara Filomena. Ha retrasado un poco el inicio de la recuperación. Las anteriores previsiones económicas las hicimos en octubre, tras las restricciones y un tercer trimestre de crecimiento muy alto. Esperamos que a partir de mitad de año empecemos a registrar tasas de crecimiento potentes y a notar el uso de los recursos del plan de recuperación.
La evaluación es un factor clave para el uso del dinero público, entre el que se incluyen los fondos europeos. La OCDE señala en sus informes que 7 de los 35 países que revisa no cumplen ninguno de sus criterios de evaluación. Uno de ellos es España. ¿Hemos avanzado algo en este aspecto?
Sin duda. Cuando se crea la Airef en la legislatura anterior, se ponen en marcha mecanismos de evaluación de políticas públicas. Entre 2018 y 2020 se han hecho mandatos a la Airef para la evaluación de determinadas áreas de gasto. Se ha mantenido la importancia de la evaluación de políticas. En el plan de recuperación se refuerza la evaluación, se consolidan los spending reviews como procedimiento y se establecen mecanismos para que los ministerios incorporen las recomendaciones de los informes o expliquen por qué no las hacen. En la parte de sostenibilidad de las finanzas públicas del plan de recuperación se dedica atención especial a la reducción de gasto. Tenemos que mejorar cómo gestionamos los recursos públicos.
¿Cómo está siendo el seguimiento del plan de recuperación por parte de la Comisión Europea?
El plan de España está siendo muy bien valorado en Europa. Es muy potente y equilibrado en inversiones y en reformas: se trata de invertir bien y en paralelo hacer las reformas que teníamos pendientes. Teníamos que adelantarnos para que lo entendieran bien: qué vamos a hacer, por qué, con qué recursos…
¿Cuáles son las primera reformas estructurales que van a llegar?
Hay un calendario acordado en el Gobierno. Ahora estamos centrados en el empleo joven. En cuanto al mercado laboral, simplificación de contratos, políticas activas, y algunos ajustes de la reforma anterior. En pensiones hay medidas previstas a corto y a largo plazo. Además hay otras grandes reformas previstas relacionadas con la transformación ecológica, la digitalización, educación, formación profesional…
¿A qué ajustes se refiere con la reforma del mercado laboral?
La negociación colectiva en las pymes no está bien resuelta. Hay que mirar a otros países para ver cómo podemos mejorarla. Ha habido abusos en la subcontratación, la regulación de los repartidores a domicilio no estaba bien hecha. Al mismo tiempo quiero resaltar que hemos sido capaces de negociar con la patronal de los empresarios y los sindicatos y alcanzar acuerdos. Hemos visto la utilidad de los ERTES, y la capacidad extraordinaria de ajuste que permiten, de recuperar a los trabajadores que has formado y conoces cuando la mala situación ha pasado. Ahora tenemos que trabajar en mecanismos de flexibilidad permanente para que los ajustes no se traduzcan en problemas con la contratación indefinida. Si no lo logramos, la temporalidad seguirá siendo desmesurada respecto a los países de nuestro entorno.
¿Cómo notaremos los cambios en las pensiones?
Se ha ido viendo con la Comisión Europea qué cambios hay que incorporar para que el sistema de pensiones sea sostenible y justo desde un punto de vista intergeneracional. Hay que ver cómo se actualizan las pensiones. El factor de sostenibilidad nunca se ha ejercido porque es insostenible. Debemos tener un mecanismo sustitutivo que de verdad sea eficiente, e incorporar mecanismos que faciliten que tengamos una masa de pensiones que nos permita pagarlas.
Cuando hablaba de la solidaridad intergeneracional, recordaba que su Gobierno aumentó la deuda pública en 68.189 millones de euros entre marzo de 2018 y abril de 2020. En veintidós meses la incrementaron casi en la misma cantidad que José María Aznar en sus ocho años de Gobierno (1.000 millones menos). Ahora, con la pandemia, lógicamente ha subido mucho más. ¿No es una falta de solidaridad con las próximas generaciones?
En 2018 y 2019 redujimos el ratio deuda/PIB más del doble que en los cuatro años anteriores. Hay un mito que asocia la gestión económica con la ideología del Gobierno que no se corresponde con la realidad. La preocupación del Gobierno del PSOE desde 2018 por reducir la deuda/PIB ha sido clarísima, y hemos sido eficientes. La redujimos más que Rajoy. No se aprovechó el crecimiento económico para reducirla. El plan de recuperación está construido para aumentar el crecimiento potencial del PIB y su capacidad para sostener las finanzas públicas. En el ámbito financiero, la actuación del Tesoro en estos tres años, acompañado por las políticas del Banco Central Europeo, ha sido muy eficiente en cuanto al alargamiento de los plazos de retorno de la deuda y la mejora de las condiciones financieras. Aunque la deuda ha subido en 2020, hemos pagado 2.400 millones menos que en 2019; en 2019 abonamos 2.000 millones menos que en 2018; en 2018 1.000 millones menos que el año anterior… La consolidación fiscal habrá que hacerla, pero ahora no es el momento. Hay que esperar a que crezcamos económicamente.
Recientemente se publicó un informe del Instituto de Estudios Económicos en el que se decía que Madrid recaudaba más fiscalmente a pesar de tener los impuestos más bajos. Si esto es así, ¿qué sentido tiene subir los impuestos?
Es absolutamente falso. Si se ven los datos de la anterior reforma fiscal, en la que se bajaron los impuestos, se comprueba que los ingresos descendieron. La curva de Laffer aguanta bien en una servilleta, pero poco más. La evidencia real es que bajaron los ingresos y se redujo la inversión pública y en I+D. Lo sucedido en años anteriores no es sostenible. No podemos tener una inversión pública que no llega a los niveles de mantenimiento básico de las infraestructuras. La cuestión de la financiación es relevante para ver qué tipo de país queremos construir. Si queremos un país que dé respuesta pública a la sanidad o la educación, hay que financiarlo. La duda es qué ajustes hacemos en las distintas necesidades impositivas, pero es un debate que no es español. Biden está con el mismo análisis. Tenemos que pensar qué tipo de mecanismo impositivo queremos en el futuro.
Uno de los modos de ajustar las cuentas públicas sería reducir gasto público inútiil. ¿Sobra gasto político?
No tengo esa percepción. Nosotros tenemos los mismos asesores que tenían Luis de Guindos y el ministro anterior.
Parte de su cargo consiste en apoyar a las empresas. Pymes y autónomos se han quejado mucho en esta crisis de que no recibían las generosas ayudas a sus homólogos en otros países. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Hay un informe de la Comisión Europea que refleja qué recursos se han ejecutado en todos los países. España se ha situado en el 7% del PIB frente al 6% de Francia, el 5% de Alemania y el 3,3% de la media europea. En ayudas ejecutadas, no las anunciadas, estamos a la cabeza según la Comisión. Hemos destinado 223.000 millones de euros a la crisis en forma de garantías, ayudas directas, etc. Creo que en torno a las ayudas directas hay un problema posiblemente terminológico: el 100% de los sueldos y las cotizaciones sociales de los trabajadores durante los ERTE abonados por el Estado son ayudas directas; lo mismo digo con las moratorias tributarias y de cotizaciones de la Seguridad Social. Ahora hemos dado además 7.000 millones en ayudas directas. En cada momento hemos ido viendo las necesidades y hemos tratado de ser muy cuidadosos con los recursos públicos. Primero dimos ayudas para la liquidez; luego liquidez, ERTEs y prestaciones a los autónomos; a medida que se ha ido abriendo la economía hemos ido ajustando las ayudas a los sectores que más lo necesitaban y reduciendo los beneficiarios.
Hablaba antes del cambio de modelo, y ahora de las ayudas a sectores. ¿Cómo están apoyando al turismo y a otros sectores?
Las ayudas del plan de recuperación para el turismo van destinadas a cambios estructurales que tienen que ver con la digitalización, las reservas, la calidad de la oferta y la sostenibilidad, un camino que este sector ya había iniciado. Nuestro turismo es muy competitivo y está muy bien valorado internacionalmente. También hay que hacer frente al desarrollo industrial, a cómo estos sectores productivos pueden digitalizarse y hacerse más eficientes.
La politización se ha visto a menudo como una rémora para la buena marcha del país. Usted es funcionaria. ¿Qué opina de esta tesis?
En esta pandemia hemos aprendido la capacidad de trabajar juntos y la necesidad de hacer las cosas de otra manera. En el diálogo social se ha visto a CCOO y CEOE trabajar juntas, siendo muy diferentes. En la sanidad, también. En el otro plano, es una lástima ver a políticos que se oponen a todo por oponerse.
Volviendo al problema de la deuda, y para acabar, la deuda desbocada provocó una intervención de la UE en Grecia que se tradujo en un recorte del 40% en las pensiones más importantes. Estamos en un 120% de deuda pública. ¿Puede ocurrirnos lo mismo?
No. Nuestro trabajo está muy bien valorado en Europa. Los informes país que elaboran reflejan que nuestras medidas están focalizadas, son ordenadas y efectivas. No existe preocupación con España. No la percibimos, y desde luego no la perciben los mercados financieros. Las agencias han mantenido nuestra calificación en 2020. La última valoración positiva ha sido de Merrill Lynch. Tenemos que construir país y hay políticos que no lo hacen, pero tengo tanto trabajo que no tengo tiempo para oírlos.
