El coste financiero, asociado a la deuda comercial, al que tienen que hacer frente las pequeñas y medianas empresas (pymes) en España, ha ascendido a 2.700 millones en el tercer trimestre de 2023, casi el doble que un año antes, según un estudio de Cepyme.
Este esfuerzo financiero de casi 3.000 millones, tal y como se desprende del ‘Observatorio de Morosidad’ elaborado por Cepyme, es el mayor desde junio de 2009 y se produce pese a la restricción del crédito comercial.
En concreto, de los 2.700 millones, 1.400 millones se explican por el esfuerzo para financiar las ventas que se cobran dentro de los plazos acordados, y los 1.300 millones restantes por el tramo moroso de la deuda comercial, es decir, las ventas que se cobran más allá de los 60 días.
La patronal ha explicado que esta situación es un «termómetro» del entorno adverso en el que se desarrolla la actividad de las pymes, «que ven lastrada su liquidez por la demora en los cobros, y demanda una pronta adopción de medidas».
En este sentido, Cepyme ha explicado que está trabajando con las instituciones comunitarias sobre la nueva regulación a escala europea que está elaborando la Comisión Europea.
Así, ha valorado «positivamente» que se preste atención a este «grave problema» que sufren las pymes europeas y, en especial, las españolas, y «que Bruselas haya dado prioridad a esta iniciativa».
Por su lado, tras cuatro trimestres consecutivos de caídas interanuales, el periodo medio de pago (PMP) subió en 0,7 días en el tercer trimestre de 2023, hasta 82 días, y en concreto, de los cuatro grandes sectores económicos, sólo aumentó en la construcción, hasta los 100 días.
También para este periodo, la patronal explica que sólo se redujo el PMP en las microempresas, mientras que en las pequeñas y medianas se registraron aumentos interanuales moderados. No obstante, las grandes empresas volvieron a anotarse el mayor aumento de los periodos medios de pago.
Cepyme ha destacado que la evolución del PMP «no es homogénea desde el punto de vista territorial», detallando que, a pesar de la subida en la media nacional, el plazo de pago cae en 11 autonomías, de modo que la brecha entre los PMP autonómicos se eleva a los 41,3 días, el mayor diferencial en dos años y medio.
En este sentido, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla presentaron el PMP más «dilatado», con 111 días, frente al mínimo de 69 jornadas de Baleares, mientras que Galicia fue la autonomía con peor evolución, ya que encadena seis trimestres consecutivos de aumentos del PMP.
Por su lado, el índice de morosidad en las facturas de ventas a plazo (IMFVP) registró en el tercer trimestre su sexto incremento interanual consecutivo, con 49,9 puntos, lo que supone la mayor cota para este tramo en los últimos tres años.
