El pleno de la Asamblea General de Crue Universidades Españolas se ha reunido este martes en la Facultad de Educación de la UNED para abordar la implementación de la LOSU, cuestiones del ámbito de la internacionalización de las universidades y una actualización de sus estatutos para mejorar el desempeño de la asociación.
En el encuentro, presidido por la presidenta de Crue, Eva Alcón, y en el que han participado 67 rectores, la asamblea ha destacado que sin una financiación pública adecuada «no se puede desplegar» la Ley de Universidades (LOSU) «ni resolver los problemas de precariedad del personal de la universidad pública».
No obstante, ha puesto en valor el hecho de que, por primera vez, una ley orgánica de universidades incluya en su articulado un objetivo de financiación pública mínima del 1% del PIB del conjunto del Estado, también se ha recordado que desde Crue se está reclamando constantemente al Ministerio de Universidades que detalle el compromiso concreto de las diferentes administraciones con la financiación universitaria.
Los rectores defienden que la asignación de recursos del Estado a las comunidades autónomas para prestar servicios de educación universitaria, bajo los principios de igualdad de oportunidades y de equidad, «debe ser una prioridad». Además, ponen de manifiesto que «nada impide desplegar programas estatales de financiación al sector universitario con objetivos específicos».
Los rectores han subrayado que el despliegue de la LOSU requiere la aprobación de normas legales de rango inferior, entre las que destaca el Estatuto del personal docente e investigador (PDI). Por otra parte, a su juicio, la aplicación de la LOSU ha puesto de manifiesto que la figura del profesor sustituto «no está bien definida y requiere una clarificación del régimen de incompatibilidades».
La asamblea ha abordado otros problemas económicos derivados de normativas estatales. El primero de ellos, el retraso en la transferencia de los fondos a las comunidades autónomas para hacer frente a las indemnizaciones de los contratos predoctorales y de acceso al Sistema de Ciencia vigentes en el momento de la entrada en vigor de la Ley, que «ha obligado a las universidades a realizar un anticipo con cargo a sus fondos propios».
En segundo lugar, los costes derivados de la asunción por parte de las universidades de la cuota patronal de la seguridad social del personal investigador beneficiario de las ayudas para la recualificación del sistema universitario.
Finalmente, en el encuentro se ha abordado la problemática de la gestión y el pago de las cuotas de la seguridad social del estudiantado que realiza prácticas en empresas o instituciones. En este sentido, Crue recuerda que el RD 2/2023 recoge que la asunción de estas cuotas por las universidades debía ser excepcional.
Sin embargo, advierte de que tanto empresas como instituciones, incluidas las que dependen de la Administración General del Estado, «se han negado a ello». Como consecuencia, señala que las universidades «se han visto obligadas a costear estas cuotas y la gestión de altas y bajas con el objeto de que el estudiantado pudiera titularse», ya que, de no ser así, «no habría graduados en Medicina, Enfermería o Magisterio en los próximos años».
La asamblea considera que, dado que una parte sustancial de las prácticas se realizan en organismos públicos, «estos deberían asumir la gestión y el pago».
Respecto del ámbito internacional, la presidenta de Crue ha informado sobre la reunión mantenida en Bruselas con los máximos representantes de France Universités (FU), la Conferencia Checa de Rectores (CRC), la Asociación de instituciones de Educación Superior de Suecia (SUHF) y la Asociación Europea de Universidades (EUA), con el fin de fortalecer alianzas institucionales que permitan llegar a acuerdos y acciones conjuntas sobre las prioridades políticas para la Educación Superior en los próximos años.
Sobre el Council de la European University Association (EUA), la presidenta ha compartido con las rectoras y rectores los temas tratados en ese encuentro también desarrollado en Bruselas y en el que participó: agenda de investigación e innovación de la EUA, Plan Estratégico de la EUA, proyectos UniFE y NewLEAD y proceso de reforma de la evaluación de la investigación en Europa.
La Asamblea General también ha aprobado una modificación de los estatutos de Crue para mejorar el funcionamiento de la asociación. Los nuevos estatutos definen una Junta Rectora, que incorpora a los miembros del Comité Permanente y a los presidentes de las comisiones sectoriales, y la actualización de los criterios para ser admitido como universidad asociada de Crue, adecuándolos a los exigidos por la nueva normativa para que una universidad pueda ser considerada como tal.
