Las circunstancias adversas de la vida pueden provocar que una persona entre en situación de insolvencia y no pueda hacer frente a sus deudas. La Ley de Segunda Oportunidad es el mecanismo gracias al cual particulares y autónomos en quiebra pueden liberarse de esa carga y comenzar de nuevo.
Libertad Sin Deudas y el abogado concursal Eloy Rodríguez han solucionado con éxito el caso de una ciudadana afincada en una localidad de Lleida, casada y jubilada.
La jubilación debería ser una etapa en la que la vida no resulte particularmente compleja. Sin embargo, en este caso no ocurrió así. Por un cúmulo de circunstancias familiares, se produjo una situación económica adversa que ocasionó que toda la familia quedase endeudada, incluso el esposo y la nuera.
Los préstamos personales, por un importe de 25.462,67 euros, fueron la única opción para poder sobrevivir. Pero llegó un momento en el que las cuotas y los intereses devengados ascendían a un importe demasiado elevado.
Cuando la ruina económica era ya un hecho, esta ciudadana decidió informarse acerca de la Ley de Segunda Oportunidad en Lleida. El abogado concursal Eloy Rodríguez, de Libertad sin Deudas, se reunió con ella para conocer en detalle su situación.
Después de analizar el caso, llegó a la conclusión de que su clienta reunía todas las condiciones que establece la ley para iniciar el procedimiento.
La solicitud para obtener el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) se presentó en el Juzgado de Primera Instancia número 6 (Mercantil) de Lleida. El magistrado estudió la petición para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Comprobó que la solicitante era deudora de buena fe y no tenía delitos contra el patrimonio, de falsedad documental ni contra Hacienda o la Seguridad Social en los últimos diez años.
En virtud de todo lo anterior, el magistrado acordó conceder el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), según lo que establece la Ley de Segunda Oportunidad.
Se canceló de manera total y definitiva el 100 % de sus deudas, por un importe de 25.462,67 euros.
En este caso, no existe plan de pagos, pero la parte deudora había intentado previamente y sin éxito un Acuerdo Extrajudicial de Pagos con sus acreedores. Para ello fue necesario el nombramiento de un mediador concursal.
Cabe recordar que este procedimiento, que duró 10 meses, se inició en el año 2021. Desde el 26 septiembre de 2022, fecha de publicación de la última revisión del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), los plazos y trámites, así como los costes, se han reducido sensiblemente.
En la actualidad, los particulares y autónomos en situación de insolvencia que deseen acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad lo tienen mucho más fácil. Dormir sin pesadillas por no poder pagar los créditos es posible.
