El Grupo Parlamentario de Sumar ha presentado este viernes en el Congreso una Proposición de Ley para la regulación de la utilización de la Inteligencia Artificial (IA) y garantizar la protección de los derechos fundamentales, a través de la modificación de hasta seis leyes diferentes. Entre otras medidas, propone la creación de un nuevo tipo penal de injurias que castigue el uso no autorizado de esta tecnología para alterar la imagen corporal o la voz, como en los casos de los falsos desnudos de menores en Almendralejo (Badajoz), Madrid o Huelva.
Así lo ha dado a conocer el portavoz de Izquierda Unida (IU) y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, junto a los parlamentarios Tesh Sidi y Francisco Sierra, en el marco de una rueda de prensa en la Cámara Baja. Se trata de la segunda Proposición de Ley que presenta Sumar en esta legislatura, tras la que hacía referencia a la garantía de la libertad de expresión. Con esta norma se modifican la Ley de Protección del Derecho al Honor, la Ley Electoral, la Ley de Comunicación Audiovisual, la Ley de Competencia Desleal, el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En su intervención, el diputado Enrique Santiago ha argumentado que los «importantes» avances tecnológicos que se están produciendo «requieren de una legislación» en esta materia. «No estamos presentando ahora mismo una legislación para regular los contenidos tecnológicos, sino para proteger los derechos derivados de la utilización de la Inteligencia Artificial», ha precisado.
El portavoz de Izquierda Unida ha añadido que el desarrollo de una herramienta tecnológica «tan importante como esta» puede facilitar la vida de la gente, pero ha añadido que «si no cuenta con una regulación clara», también pone en riesgo derechos fundamentales de las personas.
El objetivo que persigue Sumar con esta iniciativa es evitar «que se amplíen supuestos de injusticia, discriminación por esa falta de regulación», y porque «son herramientas, que en manos no responsables, pueden causar mucha afectación: desprestigiar a las personas, atacar el derecho a la intimidad, el honor, incluso degradar condiciones de trabajo de periodistas, de creadores artísticos».
En este escenario, Santiago ha especificado que la propuesta de Sumar regula, básicamente, aspectos relativos a Inteligencia Artificial y derecho a la imagen, manipulación electoral, competencia desleal y ofrece protección contra injurias o calumnias, para «no ser víctima de afectaciones que están reguladas en el Código Penal».
«Hemos optado por un modelo que se acompase a lo que se está haciendo en la Unión Europea, pero que no acaba de terminar. Ahora mismo hay una discusión sobre un Reglamento de Inteligencia Artificial en la Unión Europea, pero no acaba de terminar y, en todo caso, es un modelo ex ante el que utiliza o de prevención», ha declarado.
Entrando en el contenido de la norma, el portavoz ha hecho hincapié en que, como regla general, se dispone que el uso de imágenes corporales o audios de voz de personas generados por IA deben llevar siempre aparejados una advertencia visual o sonora clara, que haga evidente que es algo ficticio y «desvincularlo de esta forma de las afectaciones directas a la persona».
También se introducen cláusulas para que se proteja el contenido relacionado con IA cuando es parte de una obra, una producción artística o incluso un contenido satírico. «Mientras que eso quede claro, que es satírico, se aplicaría la regulación habitual para la sátira y los límites habituales de la libertad de expresión y la afectación a derechos de la persona», ha subrayado.
Por otro lado, se modifica la Ley de Protección del Derecho al Honor para incluir el uso de la IA como una de las modalidades que puede utilizarse para atacar el derecho a la propia imagen de las personas y se crea un nuevo tipo penal en el que se establece que el uso no autorizado de la Inteligencia Artificial para alterar imagen corporal o voz puede constituir un delito de injurias.
Respecto a la Ley Electoral, se introduce que la utilización de estas herramientas «de forma maliciosa», ya sea imágenes o voces, de las personas candidatas constituiría un delito electoral y «sería sancionable conforme a las previsiones» de dicha norma. «Para que todo esto no quede simplemente en un brindis al sol, lo que se hace es introducir una modificación de las normas procesales de la Ley de Enjuiciamiento Civil», ha remarcado.
Por su parte, Francisco Sierra ha explicado que la iniciativa contempla la creación de «dos órganos que van a ser rectores fundamentales»: un Consejo Consultivo que va a tener la potestad de elaborar informes, asesorar y proponer al legislador iniciativas de regulación sea sectorial o integral; y un Consejo de Participación Ciudadana, «para que la sociedad civil representada pueda introducir agendas, promover medidas no solo preventivas, sino que atenúen los efectos perniciosos de mal uso o la mala praxis respecto a la Inteligencia Artificial».
«Los dos órganos que se crearían, el Consejo Consultivo y el de Participación Ciudadana, serían con una representación plural y tendrían una función institucional de desarrollo y acompañamiento al legislador y a la ciudadanía para abrir debates», ha asegurado Sierra, quien ha añadido que el grupo Sumar ha creado un equipo de trabajo para «deliberar, discutir y avanzar en medidas integrales, sectoriales», que afecten a los diferentes ámbitos que tienen que ver con la Inteligencia Artificial.
Finalmente, en relación con dicho grupo de trabajo, la diputada Tesh Sidi ha informado de que ya ha empezado a trabajar con organizaciones especializadas en infancia como es la European Digital for Children y con otras como Ciudadanía de Inteligencia Artificial o Amnistía Internacional. «Es súper importante acercar la perspectiva ciudadana de todas estas organizaciones a la parte regulatoria», ha declarado.
