Investigadores del Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) y del Imperial College London, en Reino Unido, han determinado en un estudio que tres de cada cuatro mujeres del ámbito sanitario y académico en España ha sufrido acoso sexual, informa en un comunicado este viernes.
Las conclusiones del trabajo, publicadas en la revista ‘The Lancet Regional Health – Europe’, parten de una encuesta del 29 de agosto al 11 de septiembre a 345 participantes y revelan que esta situación afecta sobre todo a mujeres vulnerables en posiciones precarias.
El 73,6% de las encuestadas aseguran haber sufrido acoso sexual y el 28,7% alguna forma de abuso, y las consecuencias «van más allá del daño inmediato»: el 34,5% de las víctimas informan de efectos psicológicos duraderos, incluidos disgusto, miedo, ira, vergüenza, ansiedad, depresión, trauma y diversos problemas de salud mental.
El tipo más frecuente es el abuso verbal, que consiste en comentarios inapropiados, ofensivos y humillantes, con un 53%, y los abusos físicos, como tocamientos, manoseos, besos y abrazos inoportunos, también son frecuentes con un 44,9%, sobre todo en el sector sanitario.
Las insinuaciones sexuales no deseadas y la petición de favores sexuales se dan en el 6,4% de los casos; el ciberacoso y los ‘memes’ sexuales son menos frecuentes, con un 3,8%, y el 47,5% de los hombres han descrito experiencias de acoso hostil u ofensivo perpetrado por compañeros y colegas en centros de trabajo sanitarios y académicos.
PROPUESTAS
Los autores proponen promover el equilibrio de género y la diversidad en los roles de liderazgo; implementar políticas integrales de prevención más allá de los protocolos de igualdad, y desafiar la normalización a través de sensibilización, campañas y capacitación dinámica.
También abogan por integrar la información del protocolo de acoso en los procesos de incorporación; desarrollar definiciones claras de acoso sexual y abuso de poder, y promover un enfoque centrado en las víctimas, entre otros.
La investigadora principal y profesora de la UdL, Montserrat Gea-Sánchez, ve «imprescindible» que la aplicación de la legislación vigente sea real y que los gobiernos e instituciones apliquen una política de tolerancia cero.
