El Gobierno italiano ha modificado la confección del impuesto extraordinario a la banca para limitar la cantidad a abonar por parte de las entidades, e igualmente dará la opción a estas de liberarse del pago en caso de que amplíen sus reservas de capital.
Las enmiendas planteadas, y que aún deben ser aprobadas por el Parlamento, limitan el gravamen al 0,26% de los activos ponderados por riesgo a nivel individual, en vez de al 0,1% del total de activos del banco.
Asimismo, las entidades podrán esquivar el abono de la tasa si destinan hasta dos veces y media más la cantidad debida a reforzar su ratio de capital CET1, el de mayor calidad. No obstante, en caso de hacer un uso posterior de estas reservas para el reparto de dividendos, deberá pagarse el impuesto más el vencimiento de deuda.
La tasa seguirá aplicándose al 40% de los beneficios extraordinarios de los bancos, medidos por el diferencial de los ingresos netos por intereses entre 2021 y 2023 con una ganancia superior al 10%.
La nueva enmienda se ha diseñado de manera que reporte al Estado una cantidad equivalente a la prevista por el tributo original, por lo que el Ejecutivo de la primera ministra Georgia Meloni anticipa unos ingresos cercanos a los 3.000 millones de euros.
De esta forma, la medida apunta a un compromiso dentro de la coalición de derechas que da sustento al Gobierno de Meloni, pues el socio minoritario de la misma, Forza Italia, se había posicionado en contra del impuesto.
Igualmente, a mediados de este mes, el Banco Central Europeo (BCE) cuestionó distintos aspectos del tributo al considerar que el gravamen podría llegar a poner en peligro una transmisión fluida de las medidas de política monetaria, añadiendo que el importe del mismo podría no ser proporcional a la rentabilidad de las entidades ni afectar a todas por igual.
