El sector bancario sostiene que los sueldos de sus directivos están completamente avalados por los accionistas en las juntas generales y que, como empresas de titularidad privada, no hay ninguna diferencia entre la gestión societaria de un banco con la del resto de empresas del Ibex 35.
Así lo han trasladado fuentes financieras en un contexto en el que la banca se ha colocado en el punto de mira tras anunciar dos de las principales entidades españolas sus planes para despedir a miles de empleados.
Además de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) negociados a finales del año pasado por algunas entidades, en apenas unos días CaixaBank ha anunciado el mayor recorte de empleo de la banca española con 8.291 despidos y BBVA ha hecho lo propio anunciado su intención de recortar la plantilla en 3.798 personas.
La reputación de la banca –asignatura pendiente del sector desde hace años– pudo remontar durante la pandemia del coronavirus, al presentarse los bancos como parte de la solución, canalizando fondos al tejido productivo y apoyando a empresas y familias con moratorias y créditos ICO.
Sin embargo, los sindicatos han afeado a CaixaBank y BBVA que destruyan empleo al tiempo que sus directivos perciben elevadas remuneraciones, una polémica que ha sido avivada por las críticas de la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, a los «inaceptables» sueldos y bonus de los banqueros, que considera que no se corresponden con la situación económica del país.
Como empresas de titularidad privada, las fuentes financieras consultadas por Europa Press opinan que no hay ninguna diferencia entre la gestión societaria de un banco con la del resto de empresas del Ibex 35, cuyos directivos perciben remuneraciones en línea con las suyas.
Según datos de la CNMV correspondientes al ejercicio 2019, el sueldo promedio de los presidentes de las compañías del Ibex 35 ascendía en 2019 a 4,08 millones de euros y el de los consejeros delegados, a 3,05 millones, mientras que la retribución media de los miembros de la alta dirección (no consejeros) de las empresas del índice era de 912.000 euros.
Pero los representantes de los trabajadores han tachado ambos ERE de ser «una obscenidad» y de suponer «una insensibilidad» hacia España. El secretario general de CCOO de CaixaBank, Ricard Ruiz, ha criticado que las condiciones económicas planteadas por dicho banco son muy inferiores a las acordadas en el ERE de 2019, cuando el presidente ha multiplicado por tres el salario que tenía en Bankia y la mayoría de directivos de alto nivel «se lo ha subido en un 50%».
De su lado, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, considera además de elevada gravedad «que mientras tanto los directivos estén ofreciendo bonus justamente para despedir a más gente», y ha hecho un llamamiento al Gobierno, accionista de CaixaBank con una participación del 16%, a que no solo exprese públicamente su malestar por la situación, sino a que impida que se cometa «un atraco de las características que representa el ERE de CaixaBank».
La vicepresidenta Calviño afirma haber trasladado al Banco de España su inquietud sobre los sueldos y bonus de los altos ejecutivos de banca, especialmente en un escenario marcado por los fuertes ajustes de plantilla del sector, y ha recordado que el Gobierno seguirá instando a minimizar el impacto negativo sobre el empleo, ahora que se ha abierto el proceso de negociación.
La ministra se ha comprometido a utilizar los instrumentos a su disposición para encauzar el proceso de la mejor manera posible, pero le ha pasado el guante al Banco de España al decir que, como supervisor del sector bancario, este tiene «un papel que jugar». El Banco de España todavía no se ha manifestado públicamente sobre este debate y las fuentes del organismo consultadas declinaron hacer comentarios.
En realidad, por el tamaño sistémico de estas entidades, correspondería al Banco Central Europeo (BCE) limitar las remuneraciones, si bien solo puede emitir recomendaciones sobre la parte variable siempre y cuando estas remuneraciones pudieran poner en jaque la solvencia de los bancos.
El sector, por su parte, critica que el Gobierno haya reaccionado ahora mostrando esta «supuesta preocupación» como respuesta ante la opinión pública por el tsunami de despidos que se está produciendo entre las principales entidades financieras, según fuentes financieras consultadas por Europa Press.
En el caso de CaixaBank, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital tuvo que analizar la integración de Bankia antes de darle su visto bueno y conoció el proyecto común de primera mano, en el que, aunque no se tuvieran una cifras concretas sobre el excedente de personal, sí se recogían las importantes sinergias y ahorros de costes a las que daría lugar.
Todos los bancos coinciden en justificar estas decisiones en la entrada de nuevos competidores, en los bajos tipos de interés y, sobre todo, en la acelerada adopción de los canales digitales por parte de los clientes en detrimento del uso de los puntos de venta físicos.
Según cálculos internos de las entidades, la previsión es que en el plazo de dos o tres años se multiplique exponencialmente la transaccionalidad a través de canales digitales y que en este mismo tiempo el número de interacciones en oficinas se reduzca a la mitad.
Se da la circunstancia de que el Estado tiene una participación del 16,1% en CaixaBank tras la absorción de Bankia, en la cual contaba con una presencia de más del 60% debido a la inyección por importe superior a 24.000 millones de euros públicos realizada entre 2012 y 2013 como consecuencia de los problemas derivados de la crisis financiera.
El Estado está así presente en la entidad a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), quien, además de contar con la consejera dominical Teresa Santero Quintillá –propuesta por BFA– en el órgano de administración, debe votar los distintos puntos que se someten a aprobación por parte de los accionistas en las juntas generales y que incluyen los informes de remuneraciones de los directivos.
Hasta ahora, el Frob no se ha opuesto al sueldo del que era presidente de Bankia y que mantiene este papel en CaixaBank, aunque con funciones limitadas, José Ignacio Goirigolzarri, debido a que su remuneración estaba limitada por una normativa que era aplicable a las entidades en reestructuración. El banquero cobró 500.000 euros fijos en Bankia en 2020 y renunció a la variable por el Covid-19.
Este régimen no le es de aplicación a los directivos de CaixaBank y, de hecho, el próximo 14 de mayo se celebrará la primera junta de accionistas como grupo consolidado en la que los accionistas deberán votar una retribución acordada por la cúpula para Goirigolzarri de 1,65 millones de euros fijos más un máximo de 200.000 euros en concepto de variable.
De este modo, la próxima cita con accionistas podría ser una ocasión para que el Estado exprese su postura respecto al sueldo del consejo de administración y lance así un mensaje al conjunto del sector.
