El estratega financiero internacional, Daniel Paloma Freire, se ha hecho eco de las alertas que han venido esgrimiendo organismos multilaterales sobre la deuda pública de España. Entes como la Comisión Europea la han calificado como una de las mayores debilidades de la economía nacional, que afectará el desarrollo de los negocios.
La preocupación no es para menos. Según el balance que presentó el Banco de España en el mes de mayo, este parámetro se ubicó en 1.535 billones de euros. Esto equivalía en marzo de este mismo año nada menos que al 113 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Daniel Paloma Freire es un prestigioso profesional en el área de los negocios internacionales. Titulado como Economista y certificado como Perito Fiscal se ha desempeñado buena parte de su carrera en el sector bancario como Analista de Riesgo Crediticio. Se especializa en la evaluación, el diseño de planes y estructuras financieras para que las empresas sean sostenibles alrededor del mundo.
Hoy en día, este experto dirige su propia empresa, con la que ofrece servicios de finanzas internacionales a compañías que tienen presencia en distintos mercados. Las asiste en el área fiscal, les diseña sus planes estratégicos y trabaja en su planificación financiera internacional. En su cartera figuran varias firmas de Europa y Sudamérica.
Como experto en el área analiza la deuda pública de España y coincide con otros especialistas sobre la gravedad de la situación. No solo es que haya alcanzado nuevos picos históricos, sino lo rápido que ha llegado a ellos.
En el último año, la deuda se incrementó en 81.540.000.000 de euros. En los 12 meses anteriores (2021-2022) al actual período, ese incremento había sido de €78.436.000.000.
Es decir, que la velocidad del endeudamiento está aumentando, reduciendo la capacidad de respuesta del aparato productivo español y de las políticas de gobierno. La presión del endeudamiento en el último año marcó un incremento del 5,6 %, a pesar de que la economía mostró signos de crecimiento. Durante los 3 primeros meses de este año el aparato económico español avanzó un tímido 0,5 % con relación a último trimestre de 2022.
El experto destaca que, al cierre del año pasado, la economía española mostró un comportamiento mejor de lo esperado. El Gobierno central lo atribuyó a “un fuerte crecimiento económico y una política fiscal responsable”. Se refería entonces a una recaudación de impuestos muy positiva que redujo la necesidad de asumir nuevos endeudamientos en la magnitud de años anteriores.
De hecho, Daniel Paloma Freire recordó que en diciembre la economía había logrado disminuir el pico de la deuda en 5 puntos porcentuales.
El país comenzó el año pasado con un ratio del 118 % en este indicador, una secuela tardía de la pandemia del covid. La aceleración de la economía de principios de año había empujado significativamente sectores estratégicos como el del turismo y el inmobiliario.
En su mensaje por el fin de año, el Ejecutivo se mostraba optimista. El gobierno catalogó la baja de la deuda pública de España como la “más pronunciada de la historia”. El experto financiero dice que razones no le faltaban. En esa época, ese 113 % era inferior al 116 % del PIB registrado en septiembre y mucho menor al 118,7 % de finales del 2021.
La opinión de algunos analistas, dice Paloma Freire, es que el hecho de que el nivel de la deuda parece haber tocado un piso. El contexto internacional no luce favorable y a la economía nacional parece que se le han acabado los recursos para seguir presionando este indicador a la baja. Eso explica que 6 meses después del 2023, el nivel de endeudamiento no siga dando muestras de querer bajar y siga en el mismo porcentaje.
Lo que agrava la situación, dice este economista, son las señales del entorno. En el plano internacional, estas no indican que vayan a modificar su comportamiento, lo que ayudaría a retomar una senda bajista. En el ámbito interno, la adopción de una serie de políticas provocó el efecto contrario e incrementó la presión sobre el gasto público.
El combustible del galopante endeudamiento tiene diferentes causas. Existen variables en el contexto nacional e internacional que están empujando este indicador no solo en España, sino en otras naciones desarrolladas como Estados Unidos. De hecho, hace apenas unas pocas semanas el Congreso de ese país debió autorizar al Gobierno de Joe Biden subir el techo de la deuda.
Volviendo a la Península Ibérica, el problema no luce tan sencillo. En términos internacionales, Daniel Paloma Freire se refiere a factores que afectan a la economía española. La incertidumbre económica derivada de la ya extensa guerra entre Rusia y Ucrania ralentizó el ritmo que se venía logrando durante el 2022.
Dentro de esa crisis, la política de Rusia al generar presiones sobre el suministro de gas a la Comunidad Europea ha tenido un papel crucial. La manifestación más evidente es que los precios de los servicios como la electricidad o el gas se han mantenido estables, pero altos. Obviamente, su incidencia en las estructuras de costes de las empresas ha sido notable, lo que ha presionado al alza los precios de los productos.
Por esa razón, la inflación en la Zona Euro se ha mantenido alta, a pesar de los esfuerzos del Banco Central Europeo para reducirla. El especialista resaltó que, en los últimos meses, ha recurrido en varias oportunidades a ajustar las tasas de interés al alza. Esto, a su vez, ha tenido un efecto desacelerador de la economía, encareciendo el crédito para las pymes y los préstamos hipotecarios.
En marzo pasado, el informe del Banco de España admitía que la incertidumbre reinante sobre las proyecciones de crecimiento e inflación se mantenía muy elevada. El documento publicado por el ente emisor mencionaba factores internos y externos a la economía española como detonantes de esa incertidumbre.
El resultado en la economía se ha hecho sentir en los últimos meses, en los que menos empresas están abriendo o ampliando sus operaciones. Sencillamente, el precio de los empréstitos es demasiado alta y las garantías de retorno de capital no son tan atractivas. Sobre todo, con la sombra de la recesión rondando por allí.
Por otro lado, el aumento de los intereses hipotecarios se ha conjugado con el endurecimiento de las condiciones bancarias para conceder préstamos. La sumatoria de estos dos elementos, más la incertidumbre económica internacional han ralentizado ámbitos como el mercado inmobiliario. Aguas abajo, esto ha tenido un efecto dominó en todos los sectores productivos vinculados.
Al igual que otros expertos, Daniel Paloma Freire apunta su atención sobre la adopción de políticas de “justicia social” que han contribuido al endeudamiento. Desde el mes de enero entró en vigor la revalorización de las pensiones contributivas del 8,5 %. También se activaron las contribuciones del 2,5 % de los sueldos de los trabajadores y empleados públicos.
Otra medida que ha aplicado el Gobierno central este año de elecciones generales han sido la rebaja del Impuesto al Valor Agregado en algunos alimentos. La repercusión negativa sobre la recaudación y en consecuencia sobre la caja del Estado ha sido inmediata. No menos importante en el crecimiento de la deuda ha sido la incidencia del cheque de 200 euros para las familias vulnerables.
Paloma Freire señaló que estas medidas colocaron el pasivo del sistema de Seguridad Social en el orden de los 106.000.000.000 de euros. La cifra representaba en marzo un 7 % más de lo que debía el mismo mes del 2022. Los pasivos se han incrementado gracias a los préstamos que ha concedido el Estado a la Tesorería Nacional para financiar el desequilibrio presupuestario del sistema.
Otros fuertes contribuyentes a la cantidad global del endeudamiento fueron las administraciones públicas, incluyendo las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Las tasas interanuales de crecimiento de la deuda han sido del 4 % y del 2,7 % respectivamente. En términos generales la deuda del Estado se había incrementado hasta marzo del presente año en un 7 %.
Un detalle importante es que en un solo mes (entre febrero y marzo) los pasivos del Estado en su conjunto aumentaron un 1,08 %. En cifras esto significó 14.589 millones más de deuda pendiente por parte del Estado. No obstante, Paloma Freire señala que, en aras de la objetividad, no se puede hablar todavía de un crecimiento del endeudamiento.
Al menos, hasta saber los resultados del próximo informe del Banco de España sobre el segundo semestre del año. Hasta marzo, el 113 % de deuda sobre el PIB significaba un descenso del 0,2 % con respecto al 113,2 % de diciembre. Es decir, lo que se estaba haciendo evidente hasta entonces era una marcada desaceleración en el ritmo de la reducción del endeudamiento.
A juicio de este estratega financiero internacional el gran problema de la deuda elevada de España son las distorsiones que ocasiona. Por esa razón, desde marzo el Banco de España y la Comisión Europea han encendido las luces de alerta. El ente emisor español sostenía al presentar su informe de marzo, que los niveles de deuda y un déficit sin precedentes eran una posibilidad cierta.
Hace 3 meses, puso como condición la reducción inmediata del gasto en pensiones, algo que evidentemente, en este año electoral no iba a ocurrir. El foco del Banco de España estaba puesto en este factor por el peso que estaba teniendo sobre el endeudamiento general. Los vaticinios sobre que la deuda iba a seguir bajando en 2023 han pasado a la historia.
De hecho, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) acaba de emitir un informe desalentador sobre el tema. Vaticina que al país le resta un largo camino para tomar el control sobre este indicador. La OCDE estima que en los próximos 6 meses el endeudamiento podría llegar al 110,8 % del PIB.
Un año más adelante, las estimaciones del ente multilateral el mismo indicador podrían estar en el 109,9 %. Claro está, esta lenta reducción solo será posible si no empeoran los factores internos y externos que imperan hoy, advierte Paloma Freire. Esta afirmación se confirma con la apreciación de la OCDE. La reducción del nivel de deuda lo pronostica en un contexto de crecimiento económico: 2,1 % en 2023 y 1,9 % en 2024.
Por su parte, la Autoridad Independente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ve un panorama desalentador en los próximos años y décadas. En un informe presentado hace 2 meses, advirtió que el gasto por el pago de intereses, pensiones, sanidad y dependencias del Estado empujarán el déficit. A largo plazo (2050) prevén un escenario donde la deuda pública alcance el 185 % del PIB.
El economista Daniel Paloma Freire señala que los países con niveles altos de deuda pública afrontan varios inconvenientes. La insolvencia del Estado para afrontar sus responsabilidades genera una mayor aprehensión de los bancos a prestarle dinero fresco para seguir funcionando. Así como ocurre con las personas que han tenido problemas con créditos, los nuevos empréstitos que se consiguen suelen ser más costosos.
Los bancos que deciden prestar dinero a países con grandes deudas públicas lo harán, pero con intereses más altos. El encarecimiento del dinero se convierte a su vez en más endeudamiento en el medio y largo plazo. Es una espiral cada vez más difícil de revertir y para hacerlo se requerirá de medidas de choque más duras.
El segundo problema que genera el alto endeudamiento, e incluso una eventual renegociación de pagos es la desaceleración económica. Paloma Freire aclara que ese no es el caso de la España actual. Explica que las naciones que han llegado a esa situación carecen de fondos para invertir en obras públicas y apalancar así sus economías.
Una menor actividad económica genera a su vez la desinversión del sector privado, ya que las empresas no invierten en economías que no garantizan rentabilidad. En el medio y largo plazo, esto marca una reducción del aparato productivo, lo que se traduce en las otras dos consecuencias de este fenómeno.
Por un lado, está la inflación. Una menor productividad reduce la disponibilidad de bienes y servicios lo que hace subir a los que aún quedan disponibles. La subida de precios en estas situaciones también se ve estimulada por un debilitamiento de la moneda local, producto de malas expectativas o preocupaciones económicas.
Por el otro lado, el cuarto problema es desempleo. Una ralentización de los sectores público y privado de la economía se traduce en cierre de empresas de todo tipo. La desinversión, producto de un Estado altamente endeudado, incapacita a la economía de absorber buena parte de la mano de obra disponible. Un mayor desempleo reduce los niveles de consumo, lo que a su vez causa más desinversión, sobre todo desde la iniciativa privada.
Para Paloma Freire, es importante destacar que existen economías que tienen una mayor capacidad de endeudamiento que otras. Por ejemplo, la tasa del 113 % que actualmente tiene España luce irrisoria al lado del de economías como las asiáticas. Por ejemplo, Japón es el país más endeudado del mundo con una tasa del 266 % de su PIB.
La razón por la cual esa nación está tan endeudada, es la política expansionista interna que viene aplicando su gobierno desde hace años. Según los analistas, es la manera que han encontrado para mantener en marcha la economía. Sobre todo, en estos años de postpandemia caracterizados por la incertidumbre económica global.
Su problema de crecimiento de deuda supera ya las 3 décadas. Paloma Freire recuerda que en 1990 estalló su burbuja inmobiliaria y financiera, arrastrando en los años siguientes al resto de las economías asiáticas. Por aquellos años, el nivel de endeudamiento de Japón equivalía al 39 % de su PIB.
Muchos se preguntan por qué los bancos le siguen prestando dinero a economías tan endeudadas. La respuesta está en la solidez de su aparato productivo. Japón es una de las mayores economías del mundo, con cuantiosos ingresos por exportaciones. Esto le permite tener una alta capacidad de pago, ya que su flujo de caja es cuantioso.
Otro factor que favorece a una economía como la nipona es la calidad de su endeudamiento. El país no utiliza los empréstitos para pagar una nómina pública u honrar viejos compromisos. Lo hace principalmente para invertir en infraestructura que, a la larga, fortalecerá aún más la capacidad de su economía de producir.
Como estratega financiero internacional, Daniel Paloma Freire sostiene que, si no se actúa de manera oportuna, la deuda pública puede ser un verdadero problema. Como una bola de nieve este indicador, a medida que crece arrastra consigo las posibilidades de enderezar la economía. De esta manera, el problema se va volviendo más grave.
Indica que ya el Banco de España hizo la primera recomendación en marzo pasado, cuando recomendó al Estado reducir la deuda de la Seguridad Social. El peso de los programas sociales y entrega de subsidios directos están teniendo una incidencia negativa. Hasta ahora, la administración de Pedro Sánchez ha hecho caso omiso a ese consejo, a juicio de muchos, por ser éste un año electoral.
En términos generales, el manual de procedimiento para estos casos exige una mayor disciplina fiscal, que tiene como norte la reducción del gasto. Los planes de ajuste deben apuntar hacia todo lo que no sea inversión. Es decir, evitar abultar la nómina del Estado y, por el contrario, tratar de reducir su tamaño. Tampoco se pueden contemplar grandes ajustes al alza de los salarios y otros beneficios para los empleados públicos.
Otra recomendación es estimular al máximo el crecimiento económico basado en la inversión a través de la captación de capitales privados locales y extranjeros. Esto se consigue promoviendo medidas que estimulen la inversión como incentivos fiscales y facilidades jurídicas para abrir emprendimientos. En este sentido, España ha logrado avances importantes.
La aceleración de la economía genera más productividad y a la vez potencia la capacidad del Estado de incrementar su recaudación fiscal, sin aumentar impuestos. El estratega financiero internacional sostiene que muchos países sucumben a la tentación de subir los impuestos para financiar su gasto. Sin embargo, lo más aconsejable es sanear la recaudación, hacerla más eficiente e incrementar el número de contribuyentes.
El recorte del gasto también se puede alcanzar vía reestructuración de la deuda. En esos casos, lo que suelen exigir los organismos acreedores es la aplicación de medidas de austeridad. Una reestructuración de la deuda sirve para oxigenar la economía mientras capta nuevas inversiones que comiencen a mover los engranajes.
Una ventaja de este tipo de medidas es que reducen la presión del pago de intereses sobre la economía. Esto otorga a los Estados la posibilidad de dedicar más de sus ingresos a la inversión. Paloma Freire recuerda que, a mayor inversión, más rápido se puede conjurar una crisis y se recupera una economía. Pero todo esto está en los libros de economía. La pregunta que importa es qué tanto de eso puede hacer España en el contexto global, europeo e interno.
La medida que luce más viable es una mayor prudencia en el gasto público. Para disminuir el endeudamiento, España debe pasar por una reducción del déficit fiscal. Esta medida es ahora más importante que nunca, debido a la subida de las tasas de interés reales en la Comunidad Europea.
Aunque por la situación aún es manejable, es indispensable insistir en la prudencia para mantenerla en terrenos de lo sostenible. Para ello, es importante la ejecución de un plan en el que se tengan metas fijas de reducción del nivel de endeudamiento. Esa medida pasa por disminuir el gasto público en todas las instancias de gobierno y por supuesto en el Sistema de Seguridad Social.
El plan a ejecutar debe incluir el tránsito del déficit fiscal a un superávit, aunque sea modesto. En resumen, los gastos a partir del 2024 no pueden superar en ningún momento a los ingresos, según el análisis y la conclusión del experto en materia Daniel Paloma Freire.
