La revalorización de las pensiones es el ajuste periódico del importe de las prestaciones de jubilación, invalidez, viudedad, orfandad y otras categorías, con el objetivo de mantener su poder adquisitivo frente a la subida de la inflación. Se trata de aplicar un porcentaje de incremento para que la pensión se mantenga actualizada en términos reales. En este artículo es posible conocer cómo se calcula la revalorización de las pensiones.
Poniendo el foco en la pensión contributiva, es decir, aquella generada por las cotizaciones sociales de quienes han trabajado, ese porcentaje se puede basar a partir de diferentes mecanismos.
Hasta 2021, la prestación de jubilación se actualizaba a partir de un Índice de Revalorización de las Pensiones y un Factor de Sostenibilidad que tenían en cuenta aspectos económicos y demográficos, entre otros. A partir de ese año, agentes sociales y Gobierno pactaron la recuperación del Índice de Precios al Consumo (IPC) como indicador referente.
Por tanto, las pensiones de jubilación se revalorizan en función del IPC, también conocido como inflación, que es una ratio que refleja los cambios en los precios de bienes y servicios más consumidos.
Para el cálculo se toma la evolución media de los precios en el año anterior. Es decir, desde diciembre a noviembre. De este modo, en 2023, la actualización fue de un 8,5 %, una subida no habitual como consecuencia de la escalada de la inflación a causa de la guerra en Ucrania y la crisis energética.
¿Y cuánto se revalorizarán las pensiones de jubilación de 2024? De momento, la media en los ocho meses transcurridos desde el periodo inicial de cálculo se sitúa en un 4,6 %. El último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa la inflación en el 1,9 %.
Hay que tener en cuenta dos elementos, la base reguladora y los años cotizados.
Este es un indicador fundamental en el cálculo de la pensión de jubilación. Se determina considerando las bases de cotización a lo largo de un periodo de cómputo de referencia. Hasta la reforma de las pensiones en 2013 se venían utilizando los 15 últimos años de vida laboral, a partir de entonces se fijó un periodo transitorio hasta el pasado ejercicio que elevó de forma progresiva el periodo en 25 años.
La última reforma recién aprobada eleva hasta 29 años el periodo de cómputo. De tal manera que desde 2027 hasta 2044 se plantea otro periodo transitorio en el que los cotizantes podrán optar a dos modalidades:
Los 25 últimos años de cotización.
Los 29 últimos años, excluyendo los dos peores.
La Seguridad Social seleccionará la opción que proporcione una mejor prestación al futuro pensionista.
La ley establece que como mínimo se han de cotizar 15 años a la Seguridad Social para tener derecho a la prestación. En este caso, esta cuantía será el 50 % de la base reguladora.
Para ser beneficiario de la pensión máxima, hay que cotizar el número de años y meses que la normativa exige una vez alcanzada la edad legal de jubilación. En 2023, el retiro laboral se sitúa en 66 años y cuatro meses para aquellos que han cotizado menos de 37 años y 9 meses y 65 para los que superen este rango.
La mencionada reforma de hace una década estableció el retraso de la jubilación con el objetivo de situarla en 2027 en 67 años para quienes hayan trabajado durante 38 años y 6 meses y se mantiene en 65 para aquellos cotizantes con vidas laborales largas.
Cuando se accede a la jubilación anticipada, la Seguridad Social aplica unos coeficientes reductores que disminuyen la cuantía a percibir por el hecho de cotizar durante menos periodo.
Hay dos horquillas, una para aquellos que accedan a esta modalidad de retiro de forma voluntaria (dos años antes de la edad ordinaria de jubilación) y que fija el rango desde el 21 % hasta el 2,81 %, dependiendo de la cantidad de meses de anticipación al retiro laboral.
En el caso de jubilación anticipada involuntaria, que es aquella que, como su nombre indica, se produce por causas ajenas al trabajador como es estar afectado por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), un despido objetivo, extinción del contrato por resolución judicial, por fuerza mayor, jubilación, fallecimiento o incapacidad del empresario dueño de la compañía o trabajadora víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo. Esta modalidad se produce cuatro años antes de la edad de jubilación y la horquilla va desde el 30 % hasta el 0,50 %, nuevamente en función de los meses de adelanto.
“La sustitución del Índice de Revalorización de las Pensiones por el IPC implica un mayor gasto estructural para el sistema. Si esta revalorización no va acompañada de un aumento de los ingresos o de una reducción del gasto en otras áreas, podría poner en riesgo la sostenibilidad del sistema a largo plazo”, advierte en un documento el Foro de Expertos de Instituto Santalucía publicado a finales del año pasado.
Si se desea calcular de forma rápida y orientativa (sin tener en cuenta la evolución del IPC) cuál será el importe de la prestación, es posible utilizar la calculadora de pensiones de Instituto Santalucía.
