La Asociación Española de Fintech e Insurtech (Aefi), junto a Unespa, ha elaborado un informe sobre digitalización del sector asegurador donde exponen los obstáculos existentes en el marco regulatorio actual para la digitalización del sector y propone cambios en la normativa para eliminar estas barreras.
Por un lado, señalan que la regulación nacional a la que están sujetas las aseguradoras y el resto de actores involucrados en la distribución de seguros se basa en un conjunto de normas que fueron desarrolladas en un contexto muy diferente al actual.
«Concretamente, la Ley de Contrato de Seguro (LCS) fue redactada en 1980. Durante todo este tiempo no sólo ha evolucionado la tecnología, sino que también han surgido nuevas necesidades y hábitos entre los consumidores», señala el documento.
Por ello, las dos organizaciones proponen actualizar esta ley para adaptarla a las nuevas tecnologías, necesidades y hábitos de los consumidores, permitiendo que los productos de seguro se transformen digitalmente y se ajusten a las expectativas de la sociedad.
Entre las medidas propuestas se encuentra la flexibilización de las normas sobre la duración de los contratos o la supresión de formalismos que complican innecesariamente el proceso de contratación y generan «numerosos conflictos» en la práctica, como la regulación sobre cláusulas limitativas.
También piden que se cambie la Directiva de Distribución de Seguros (IDD), donde se establece el principio de «papel por defecto», según el cual se requiere que la información precontractual y contractual se comunique a los clientes por escrito como regla general. Frente a este enfoque, las asociaciones proponen se cambie por «papel a demanda», lo que implica que sólo se emita el folleto informativo o contrato en papel en aquellos casos en los que el cliente ejerza su facultad de elección para recibir la documentación en papel. En caso contrario, se le remitirá la información en soporte duradero por correo electrónico u otro medio digital.
También consideran conveniente que se modifique el Real Decreto-ley 3/2020, por la que se transpone la IDD, proponiendo cambios en la regulación tales como una información precontractual «más clara y orientada al cliente», y la agilización en los tiempos de resolución de los expedientes administrativos, de tres a un mes.
Solicita también que se avance en la modernización de la terminología que se usa en la documentación e información que se les proporciona a los clientes, ya que en ocasiones es la propia normativa la que utiliza una terminología «técnica y especializada, alejada de los consumidores».
Por otro lado, señalan la importancia del desarrollo del ‘cloud computing’ para mejorar la experiencia del usuario, al tiempo que se mantiene la seguridad de los datos y del sistema. «Sin embargo, a pesar de las ventajas que ofrece, es importante destacar que la externalización del cloud computing está sujeta estrictos requisitos en la legislación sectorial», señalan Aefi y Unespa.
Por último, han solicitado que se flexibilice el ‘sandbox’ financiero para generar el entorno innovador «más propicio». Ambas organizaciones proponen eliminar las cohortes, reforzar el papel del ‘sandbox’ como espacio de pruebas en materia regulatoria del sector asegurador, la flexibilización en los requisitos de acceso a las pruebas, y dotar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) de los medios económicos y humanos para mejorar la experiencia y reducir los tiempos en los expedientes.
