La aerolínea valenciana Air Nostrum, compañía franquicia de Iberia para vuelos regionales, ha solicitado un total de 103 millones de euros al fondo de apoyo a la solvencia para empresas estratégicas que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con el objetivo de garantizarse los recursos necesarios para afrontar la crisis provocada por la pandemia, así como mantener la conectividad y el empleo.
La prolongación de la crisis del coronavirus con las restricciones al tráfico de pasajeros y la expectativa de una recuperación más lenta de lo inicialmente previsto obligan a Air Nostrum a acogerse al fondo gestionado por SEPI «para garantizar su labor como vertebradora territorial e impulsora del turismo».
El pasado ejercicio, como consecuencia de la pandemia, la empresa registró unas pérdidas de 129 millones de euros, pendientes de aprobación en la próxima junta general ordinaria de accionistas.
La compañía ha presentado esta mañana su solicitud de acceso al fondo de apoyo «para garantizar los recursos necesarios que le permitan superar la reducción en los ingresos que ha motivado la caída del tráfico de pasajeros provocada por la pandemia, asegurar la conectividad y garantizar el nivel de empleo».
La empresa ha calculado en 103 millones de euros la cantidad que requiere en forma de préstamos, que la compañía prevé devolver en siete años.
La aerolínea asegura que el acceso a estos fondos «permitirá a la compañía continuar con su plan de negocio y recuperar la senda de crecimiento rentable y sostenible frenada por la pandemia».
La compañía presentó en noviembre del año pasado un plan de ajustes a la plantilla para afrontar la crisis derivada de la pandemia. Sobre la mesa estaba la reducción de los costes salariales en un 25% para evitar despidos «en la medida de lo posible». Además, reducción de flota en 14 aviones para adecuarla al descenso de la demanda, hasta quedar 39, y renegociación de los costes fijos con proveedores externos, nuevas acciones comerciales o la creación de servicios complementarios.
La compañía asegura que a lo largo de sus casi 27 años de existencia su «calidad operativa» se ha compatibilizado con la «rentabilidad financiera», lo que le ha permitido «tener ratios de solvencia y calidad
crediticia que han posibilitado la firma de grandes contratos de flota y la construcción de su propio hangar de mantenimiento». Así al cierre del ejercicio de 2019 la empresa disponía de una situación saneada de fondos propios y tesorería.
La aerolínea justifica que desde el inicio de la crisis del coronavirus y, ante la drástica reducción de la demanda del tráfico aéreo, ha mantenido una política de preservación de caja y contención del gasto, además de haber llegado a acuerdos con los financiadores de
flota y recurrir el año pasado a las líneas de crédito ICO. Recuerda además que la plantilla de Air Nostrum lleva en ERTE más de un año.
Sin embargo, las limitaciones a la movilidad con las sucesivas olas de contagio y el fuerte retroceso de la demanda por el impacto de la crisis en las economías domésticas han retrasado el ritmo de una recuperación progresiva de la actividad y han movido a la empresa a recurrir a la ayuda pública, en línea con el apoyo que están recibiendo otras aerolíneas por parte de sus Estados en el resto de Europa.
De enero a marzo, Air Nostrum ha registrado un total de 8.256 operaciones. Es además una de las aerolíneas que menos operaciones ha reducido con respecto al primer trimestre del año pasado, un 43,6% frente al 71,6% de la media.
La compañía, en su apuesta por la recuperación de la conectividad, ha retomado este mes de abril el 62% de la producción que ofrecía justo antes del impacto de la pandemia; y su programa para las semanas centrales del verano espera restablecer el 87% de las rutas que operaba hace dos años.
La compañía justifica que con 75.507 vuelos y 5,2 millones de pasajeros en 2019, está demostrado su papel estratégico por su relevancia en las comunicaciones por vía aérea de gran parte del territorio nacional.
La aerolínea asegura que tiene presencia en la práctica totalidad de las comunidades autónomas y la Ciudad Autónoma de Melilla, es además alimentadora y distribuidora del tráfico del Grupo Iberia en el ‘hub’ de la T4 en Madrid, es el primer operador de rutas domésticas en España, vertebra mercados nichos, comunidades ultraperiféricas y rutas en régimen de Obligación de Servicio Público (OSP) en las que es la principal adjudicataria, opera en solitario en los aeropuertos de Badajoz, Burgos, León y La Rioja, siendo además la única aerolínea que ofrece conectividad aérea a las comunidades de Extremadura y La Rioja.
Air Nostrum, con sede en Valencia, cuenta con casi 1.400 trabajadores, genera más de 2.000 empleos indirectos, y trabaja con más de 900 proveedores.
Por su volumen de facturación y número de trabajadores es una de las principales empresas de la Comunidad Valenciana, tanto por su operación de vuelo y presencia de su sede central como por la actividad de mantenimiento de aviones propios y de terceros.
Desde el año 1994 Air Nostrum ha transportado a más de 90 millones de pasajeros en dos millones de vuelos. En 2019 la compañía facturó 539 millones de euros.
Air Nostrum se suma así a otras compañías turísticas que han pedido financiación a SEPI, encabezadas por Air Europa, que recibió el pasado mes de noviembre ‘luz verde’ a la ayuda solicitada de 475 millones, tras aprobarlo el Consejo de Ministros. El Ejecutivo también aprobó la ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, una ayuda muy cuestionada políticamente.
También han requerido ayuda al fondo de solvencia Avoris (fruto de la fusión de las agencias de viajes de Globalia y Barceló), que ha solicitado 320 millones; Wamos (dueño del grupo Nautalia o Pullmantur y propiedad del fondo Springwater), con 75 millones; la hotelera Hotusa (casi 200 millones), la catalana Serhs (35 millones); Hotelatelier (propietaria de hoteles Petit Palace e Icon), Room Mate Hotels (52 millones), la empresa de transporte Juliá (entorno a 30 millones), Naviera Armas, propietaria de Trasmediterránea (100 millones) y el grupo de restauración granadino Abades. Todos ellos sumarían unas peticiones de ayudas cercanas a los 1.400 millones de euros.
