Tras dos años de negociaciones, a finales de mayo se ha aprobado la nueva Ley de Viviendas en España con el consenso de los Diputados y los Senadores, aunque con algunas modificaciones al texto original. Si bien el sector privado, principalmente los profesionales del área inmobiliaria se han opuesto en su mayoría a esta legislación, hoy en día la Ley de Viviendas ya ha entrado en vigor y es fundamental que todos los propietarios entiendan cuáles son las modificaciones. Ya sea que se posea un inmueble para alquilar o para vender, de la mano de la agencia D&A Inmobiliaria, es posible conocer en profundidad todos los detalles de esta nueva normativa.
La nueva ley de vivienda incorpora varias medidas novedosas que incluyen desde un límite a la revalorización de los contratos de alquiler en vigor, el control del precio de alquileres en áreas tensionadas y penalizaciones a pisos vacíos, hasta la aplicación de una cuota mínima del 30% de vivienda de alquiler social en promociones y la obligación de asumir los gastos inmobiliarios por parte de los propietarios, quienes, a su vez, gozarán de incentivos fiscales, entre otras medidas.
La novedad más destacada es la implementación de un tope para los contratos de alquiler en vigor, que permite un aumento máximo del 2% este año y del 3% el próximo año. Luego, a partir de 2025, se establecerá un índice que limitará los incrementos. Anteriormente, los alquileres podían subir anualmente siguiendo el Índice de Precios al Consumo (IPC), pero debido a la inflación, este índice se consideró inadecuado.
El control de alquileres se aplicará solo en áreas tensionadas, donde los propietarios no podrán aumentar el precio. Quienes cuenten con menos de 5 viviendas deberán congelar el precio según el último contrato en vigor, mientras que los propietarios con más de 5 viviendas no podrán alquilar por encima del índice de precios establecido la comuna. No obstante, las comunidades autónomas podrán decidir si aplicar o no este control.
Esta nueva normativa ha aumentado la protección en casos de desahucio, siendo obligatorio avisar con anterioridad el momento específico del lanzamiento hipotecario, mientras que, los colectivos en situaciones acreditadas de vulnerabilidad social o económica tendrán la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria de un año en sus contratos de alquiler.
A su vez, en nuevos contratos, la Ley de Viviendas establece la obligación de que los propietarios asuman los gastos de gestión inmobiliaria e incluye una penalización del 50% en el IBI a dueños que tengan más de cuatro viviendas y alguna de ellas lleve más de dos años vacía.
Sin embargo, la nueva normativa también introduce incentivos fiscales para los arrendadores que alquilen en condiciones específicas, como descuentos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para quienes hagan rebajas en el precio del alquiler o alquilen a jóvenes y colectivos vulnerables. Los propietarios podrán deducirse un porcentaje de los impuestos en función de las condiciones de alquiler, accediendo a un beneficio que apunta a equilibrar las condiciones y los derechos de inquilinos y propietarios.
