CCOO de Euskadi ha denunciado la congelación de salarios de la plantilla de Euskaltel desde hace dos años, mientras sus directivos «se embolsan 26 millones por la OPA» de MásMóvil, a la vez que ha exigido al Gobierno Vasco y a Kutxabank que asuman «sus responsabilidades en todo lo ocurrido».
En un comunicado, la sección sindical de CCOO de Euskadi en Euskaltel ha reprochado que, «tras la noticia del vergonzoso reparto de 26 millones de euros a directivos», la plantilla no solo lleva sin actualizar los salarios desde el 2019, sino que las retribuciones variables del 2020 aplicadas a la plantilla han sido, de media, recortadas alrededor de un 25%.
Por ello, ha recordado que se propuso para 2020 una subida que no superaba los 266.000 euros anuales, lo que implicaría que cada trabajador «recibiría, de media, unos 95 euros mensuales más».
«Todo esto, tras un 2020 en el que, en situación de pandemia, la plantilla demostró una capacidad de entrega y de trabajo asombrosa, compensando los problemas y las carencias de esta situación, y haciendo entrega de una enorme dedicación y disponibilidad hacia los servicios de los clientes», ha asegurado.
También ha apuntado que esta situación se produce «en un contexto de negociación del convenio sin progresos tras más de un más de año», en el que la empresa «ha planteado líneas rojas que impiden avanzar y que van en la línea de perjudicar las condiciones laborales y económicas que se han conseguido durante estos años».
«Esto alimenta la desmotivación de la plantilla, incentivada por la dirección debido a su deficiente gestión. La especulación, la pérdida de activos, la deriva que se ha ido imponiendo, etc…, ha hecho que el proyecto Euskaltel, que surgió con una finalidad pública y de proyecto de país, haya quedado totalmente difuminado y haya perdido toda su esencia», ha lamentado.
En su opinión, «ni la propia plantilla reconoce actualmente esta empresa», por lo que CCOO asegura que «tanto el Gobierno vasco como Kutxabank deben asumir sus responsabilidades en todo lo ocurrido».
«Desprenderse de las acciones y manifestar desde la Consejería de Desarrollo Económico que se ha seguido de cerca esta operación y que ve con buenos ojos, ya que se trata de un acuerdo entre empresas del país, supone dar carpetazo al asunto, abandonando definitivamente tanto el proyecto, y su implicación a nivel social, como a la plantilla», ha concluido.
