Asaja-Alicante ha instado a los partidos políticos a contemplar «medidas urgentes» para impulsar el sector agrario de la provincia. La entidad ha lamentado los «graves problemas» a los que se enfrentan los agricultores y el sector primario de Alicante para que las formaciones políticas incorporen soluciones en sus programas y consideren cuáles son los requerimientos de la agricultura.
La asociación ha lamentado este miércoles en un comunicado que las limitadas producciones de cereales o cerezas no siempre son a causa de la climatología o por agentes externos, sino que «lo principal es la ineficacia en la gestión de los dirigentes que ostentan las Administraciones».
«En vez de planificar y ejecutar soluciones a largo plazo que favorezcan la certidumbre, se conforman con poner parches cuando ya no queda más remedio. Y, en muchas de esas ocasiones, el agricultor ya está arruinado», ha expresado.
La organización ha calificado de «fundamental» el correcto funcionamiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, que «si se aplicara correctamente contribuiría a que se acabasen los abusos hacia el eslabón más desprotegido de la cadena y evitar que se venda a pérdidas». El objetivo del sector, ha añadido, es ser «cada vez más rentable, sostenible y competitivo».
Para ello, considera que se debe dotar de presupuesto y activar la agencia valenciana de la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios), la AVICA, para «seguir de cerca las irregularidades que se producen» y disponer de inspectores que «destapen» operaciones fraudulentas. «El gran desafío de la Generalitat en el próximo mandato debe ser mejorar los ingresos de agricultores y ganaderos para romper la actual tendencia de abandono progresivo de las tierras agrícolas», ha recalcado.
Además, ha añadido que la Generalitat debe trabajar de forma «más dinámica y directa» con Europa. El presidente de Asaja-Alicante, José Vicente Andreu, ha propuesto extrapolar la Ley de la Cadena Alimentaria al ámbito europeo.
En relación a la gestión del agua, ha reclamado que se mantenga el Trasvase Tajo-Segura con las normas de explotación vigentes hasta principios de 2023. Además, ha apuntado que el agua debe llegar a todas las comunidades de regantes. Por ello, ha propuesto un «eje hídrico vertebrador» de la provincia a través de la construcción de una tubería de norte a sur, con conexión a todas las comunidades de regantes mediante contadores robotizados, para que el agua esté disponible en las comunidades de regantes «de forma continua y digitalizada».
«Una gran canalización con la que captar y reutilizar las aguas residuales para el regadío, evitando que se pierda en el mar», ha expresado, al tiempo que ha añadido que esta propuesta «no debe responder a puros intereses ambientalistas, sino que debe llevarse a cabo para que haya disponibilidad de agua para riego».
Respecto al Júcar-Vinalopó, la asociación ha lamentado que estaba previsto ejecutar dicho trasvase desde la Corte de Pallás con 80 hectómetros anuales, «de los cuales este mes se ha aprobado la llegada de solo 20,5». «Aunque supondrá un respiro para nuestros campos, no deja de ser una propuesta puntual que nos obliga a conformarnos con el 25% de los que nos prometieron», ha censurado.
«REDUCIR PRESIÓN FISCAL»
Además, también ha abogado por «reducir la presión fiscal para mejorar la rentabilidad de los trabajadores del campo y, sobre todo, favorecer el problema del relevo generacional». A este respecto, ha pedido suprimir el impuesto de transmisiones patrimoniales para aquellas operaciones que garanticen la continuidad de las explotaciones.
Igualmente, ha reclamado que la reducción de módulos anual «se ajuste a los problemas reales de la agricultura». «No tiene sentido que se incluya a los cítricos alicantinos en ayudas puntuales, y que a la hora de tributar no se haya aplicado ninguna reducción, a pesar de haberse solicitado y justificado una disminución en torno al 30% de rendimientos ocasionados por el incremento de los costes de producción o circunstancias climatológicas en este cultivo», ha aseverado.
Por otro lado, ha solicitado «mayor agilidad» a la estructura administrativa en su gestión y «que auxilie activamente al agricultor y ganadero cuando lo necesita». Por último, ha reclamado que los políticos trabajen para que «se respete a la agricultura como sector estratégico a nivel europeo y que no se la castigue con acuerdos comerciales que dan preferencia a las producciones de terceros países».
