El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha acusado al actual texto de la Ley de Cambio Climático del Gobierno, que se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados, de «priorizar, sin razón ambiental alguna, la electricidad sobre otras alternativas renovables».
En su discurso en la junta general ordinaria de accionistas del grupo, Brufau lamentó el «grave sesgo» que representa el texto tal y como está planteado, ya que confundir descarbonización con electrificación «no es inocuo» y representa «un error, muchas veces interesado, que da las señales erróneas y nos puede condenar al fracaso».
Así, consideró que imponer a los vehículos el principio de emisiones directas cero «es un grave error» y supone «un torpedo en la línea de flotación de la esencia misma de la economía circular y de la ambición de tener en Europa, mediante políticas de largo plazo, una industria del refino con estándares de mejores prácticas de sostenibilidad a nivel mundial».
Por ello, pidió dejar a un lado «posiciones dogmáticas» y buscar un camino para conseguir el objetivo de un futuro neutro en carbono para los vehículos y los combustibles en España y Europa «sin deslocalizar tecnología e inversión». «Repsol está dispuesta a hacer su parte en ese empeño, no les quepa duda», dijo.
Brufau también cargó contra el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), propuesto por el Gobierno para repartir entre todos los vectores energéticos las cargas que actualmente soporta el recibo de la luz por el desarrollo en el pasado de las renovables, al considerarlo un «desarrollo normativo sesgado» que, además de perjudicar a los consumidores, «supone una importante y arbitraria barrera para la competitividad y el futuro de la industria».
El presidente de Repsol consideró que este fondo «quiebra el principio de equidad y de neutralidad tecnológica pretendiendo alcanzar la neutralidad climática» y subrayó que es «contrario al proceso de transición energética, porque de nuevo confunde erróneamente electrificación con descarbonización».
En este sentido, defendió que el sector de los combustibles sufre ya cargas fiscales como ningún otro, pagando 200 euros por cada tonelada emitida -lo que supone una contribución de unos 11.000 millones de euros a través del Impuesto de Hidrocarburos-, y se cuestionó que igual se debería reclamar al sector eléctrico que haga frente a sus responsabilidades por las centrales de carbón.
Así, aseguró que el fondo propuesto por el Gobierno representa «un grave perjuicio a los consumidores», suponiendo «una importante y arbitraria barrera para la competitividad y el futuro de la industria».
«No es casualidad que la mayoría de los sectores industriales hayamos alzado la voz contra él. Se ha llegado a decir que este fondo es un clavo en el ataúd de la industria. Es crítico que todos pensemos en la industria, que todos escuchemos a la industria», añadió al respecto.
Por otra parte, ante el desafío mundial del cambio climático y el Covid-19, Brufau abogó por combinar del mejor modo posible las políticas públicas y la iniciativa privada para recuperar cuanto antes la senda de la prosperidad, defendiendo así la industria y la apuesta por todas las tecnologías como palancas esenciales.
A este respecto, señaló que la sociedad está en «una encrucijada decisiva» cuya fórmula de recuperación para España y Europa «debe incluir apuestas en muchos ámbitos, incluyendo la calidad de la Administración, la política y los servicios públicos».
«Debemos hacer frente a las devastadoras consecuencias de la pandemia del Covid-19, con un especial impacto en el empleo. Lo peor que puede ocurrirnos es pensar que esta encrucijada puede abordarse con recetas de brocha gorda, que prescriban soluciones de pensamiento único a realidades poliédricas que requieren una multiplicidad de actores y soluciones», dijo.
A este respecto, puso en valor que la industria genera empleo «estable y de calidad» con la característica adicional de que también crea riqueza en el territorio en el que se implanta. «Si España tuviera un mayor porcentaje de su PIB en actividades industriales, habríamos resistido mejor la crisis», recalcó.
De esta manera, consideró que de esta crisis se debe salir «con más industria, y no con menos, con más empleo de calidad, y no con más precariedad, capturando todas las oportunidades de los Fondos Europeos Next Generation, que están basadas en proyectos viables y de ejecución asegurada».
Por su parte, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, defendió que el nuevo plan estratégico 2021-2025, lanzado por el grupo el pasado mes de noviembre, «compatibiliza el objetivo de avanzar en la descarbonización, en el viaje hacia las cero emisiones
netas, con ser una propuesta de inversión rentable, atractiva y
de valor», con un «demostrado compromiso con la retribución a
los accionistas».
Así, el ejecutivo de la compañía afirmó que el plan estratégico, que contempla unas inversiones de 18.300 millones de euros en el próximo lustro –el 30% en proyectos bajos en carbono–, representa «un hito crucial» en la transformación que iniciaron hace unos años, que permitirá acelerar en la transición energética con rentabilidad y
maximizando el valor. «El plan nos permite convertirnos en una empresa más fuerte, más rentable y competitiva», dijo.
Imaz también repasó ante los accionistas la trayectoria de la compañía durante el pasado ejercicio, poniendo en valor que Repsol respondió con «solidez» al difícil contexto por la crisis del Covid-19, con una contracción del consumo de petróleo «nunca vista».
«En Repsol, hemos demostrado de nuevo la solidez de nuestro proyecto, con resultados positivos en todos los negocios y manteniendo el compromiso de retribución al accionista entre los más atractivos de la Bolsa española y de nuestro sector», indicó, subrayando que los accionistas de la compañía percibieron en 2020 una retribución de 0,916 euros por acción, correspondiente al ejercicio 2019, en el marco del programa ‘Repsol Dividendo Flexible’.
Dado el contexto excepcional originado por el Covid-19, la junta general de accionistas se ha celebrado en la sede corporativa de la compañía, en Madrid, bajo estrictas medidas de seguridad orientadas a salvaguardar la salud de todas las personas que intervienen en su preparación y celebración.
Entre otras propuestas, la junta aprobó, en línea con lo establecido en el Plan Estratégico, un dividendo de 0,30 euros brutos por acción con cargo a los beneficios del ejercicio 2020 –que se suma al abonado el pasado enero bajo la fórmula de ‘scrip dividend’–, cuyo pago tendrá lugar a partir del 7 de julio de 2021.
También se dio el visto bueno al reparto de la cantidad de 0,30 euros brutos por acción con cargo a reservas libres, asimilable al tradicional pago a cuenta del ejercicio 2021, cuya distribución está prevista a lo largo del mes de enero de 2022, en la fecha que concrete el consejo de administración.
Asimismo, los accionistas de la energética aprobaron una reducción de capital social, vinculada al Programa de Recompra de acciones propias, por un máximo de 40,494 millones de acciones, representativas del 2,58% del capital social.
Finalmente, también se votó a favor de la reelección como consejeros de Manuel Manrique, Mariano Marzo, Isabel Torremocha y Luis Suárez de Lezo, y de la ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como consejero de Rene Dahan. Además, se dio el visto bueno al nombramiento como consejera de Aurora Catá.
