Toda persona es amparada por los principios del derecho laboral en el negocio donde presta sus servicios o su mano de obra a cambio de una contraprestación. En el momento que es contratado, el empleado comienza a trabajar en relación de dependencia. En muchos casos, esta relación se rompe de manera unilateral por parte del empleador, despidiendo al trabajador para prescindir de sus servicios.
Cuando el despido se realiza sin causa justificada y este se declara improcedente, la empresa queda obligada a abonar al trabajador una indemnización por despido improcedente. En ocasiones, esta indemnización no cumple con su función reparadora y disuasoria para el empresario, y es posible reclamar una indemnización adicional o complementaria a la indemnización por despido improcedente, por lo que Bravo Advocats se encarga de explicar si es posible conseguir una indemnización superior a la legal.
La realidad permite la declaración de indemnizaciones adicionales o complementarias por despidos improcedentes, pero es la excepción a la regla general porque se han de cumplir ciertos requisitos. El artículo 56 del Estatuto de los trabajadores marca que la indemnización por despido improcedente, en casos que no se cuente con una antigüedad anterior al 2012, consiste en 33 días por año trabajado, con el límite de 24 mensualidades. Sin embargo, hay casos en los que la cantidad establecida es muy escasa, de manera que no repara el daño causado al trabajador, por lo que se puede reclamar una indemnización adicional o complementaria a la legal.
Según el criterio establecido por la Sala social del TSJ de Cataluña, puede reclamarse una indemnización por despido improcedente superior a la legal siempre que concurran dos extremos: evidente insuficiencia de la indemnización por resultar la misma exigua, es decir, escasa; y clara existencia de una ilegalidad, fraude de ley o abuso de derecho en la decisión empresarial del despido. Para su cálculo, se permite aplicar el incremento previsto para la ejecución de sentencias de despido, de 15 días por año de servicio y un máximo de 12 mensualidades, pero también se han permitido otras fórmulas para el cálculo de la indemnización, siempre que se acredite o justifique el daño adicional sufrido. A modo de ejemplo, sirven de base los gastos precisos por alquileres, el daño por pérdida del anterior trabajo y el daño moral de abandonar el ambiente familiar o social consolidado, entre otros. Tras justificar su existencia, se acredita su cálculo y cuantificación.
Desde que en 2012 se rebajara la indemnización por despido improcedente, se está cuestionando si la misma es suficiente. En 2021, los sindicatos CCOO y UGT promovieron respectivamente una demanda contra España y su Gobierno ante el Consejo de Europa, argumentando que la indemnización por despido improcedente fijada en España no es suficientemente adeudada y reparadora como exige la Carta Social Europea. Más allá de que este sea un procedimiento orientado más al largo plazo, el actual Gobierno está promoviendo una reforma para modificar la indemnización por despido improcedente bajo un modelo denominado “A la carta”.
Este modelo se basa en modular las indemnizaciones en función del daño concreto que cause al trabajador el despido. De esta manera, se persigue que la indemnización no esté topada con una cantidad, sino que se tengan en cuenta otros factores, como la situación económica y personal del trabajador afectado.
Por último, en caso de que los trabajadores despedidos consideren que la indemnización por despido improcedente es insuficiente, la mejor opción es tener asesoramiento legal de la mano de expertos como los de Bravo Advocats.
