El consejo de supervisión del grupo automovilístico Volkswagen ha reclamado daños y perjuicios a dos de sus exdirectivos, Martin Winterkorn y Rupert Stadler, por incumplir, a su juicio, el deber de diligencia de las sociedades anónimas, en relación al caso de los vehículos diésel que incluían un software que alteraba las emisiones de algunos automóviles de la empresa.
Tal como ha informado la empresa, todo ello después de que el consejo de supervisión haya finalizado su investigación en relación con las causas de la crisis del diésel y la búsqueda de responsabilidades.
En concreto, Volkswagen ha presentado reclamaciones por daños y perjuicios contra Martin Winterkorn, expresidente del consejo de administración del grupo, y contra Rupert Stadler, exmiembro del consejo del grupo y expresidente de Audi, por incumplimiento del deber de diligencia en virtud de la ley de sociedades anónimas.
Sin embargo, no se identificaron incumplimientos de este deber por parte de otros miembros del consejo de administración del consorcio alemán, que en ese momento contaba con el español Francisco Javier García Sanz, como responsable de Compras.
El bufete de abogados Gleiss Lutz llevó a cabo una extensa revisión de las reclamaciones de responsabilidad en nombre del consejo de supervisión de Volkswagen y ahora ha presentado los resultados finales de su investigación. La resolución del consejo se basa en el dictamen pericial elaborado por Gleiss Lutz, que concluyó que se habían producido incumplimientos por negligencia del deber.
Según la empresa, la investigación abarcó a todos los miembros del consejo de administración que estuvieron en funciones durante el periodo pertinente. Como parte de esto, se transfirieron más de 480 millones de documentos, de los cuales unos 1,6 millones de archivos fueron identificados como relevantes, seleccionados y revisados. Además, se llevaron a cabo unas 1.550 entrevistas.
Como resultado de esta investigación, el consejo de supervisión de Volkswagen ha llegado a la conclusión de que el Winterkorn violó sus deberes de diligencia como expresidente de Volkswagen al no aclarar, en el periodo comprendido entre el 27 de julio de 2015 en adelante, de forma «exhaustiva y rápida» las circunstancias detrás del uso de software ilegal en motores diésel vendidos en el mercado norteamericano entre 2009 y 2015.
Por su parte, también concluyó que Rupert Stadler incumplió sus deberes al no garantizar, en el periodo del 21 de septiembre de 2016 en adelante, que los motores diésel V-TDI de 3.0 litros y 4.2 litros desarrollados por Audi e instalados en Europa en modelos de Volkswagen, Audi y Porsche fueran investigados con respecto a software ilegal.
Los consejos de supervisión de Audi y Porsche también examinaron los resultados de las investigaciones y basaron sus resoluciones en el dictamen pericial elaborado por Gleiss Lutz, que concluyó que se habían producido incumplimientos negligentes del deber.
Por ello, los exmiembros del consejo de administración de Audi Ulrich Hackenberg y Stefan Knirsch, así como el exmiembro del consejo de administración de Porsche, Wolfgang Hatz, también están siendo acusados de incumplimiento del deber de diligencia bajo la ley de sociedades anónimas.
Las personas especificadas ahora tendrán reclamaciones por daños y perjuicios en su contra con base en la ley de sociedades anónimas. Además, ya se han presentado reclamaciones contra el exmiembro del consejo de administración de la marca Volkswagen, Heinz-Jakob Neusser.
Todo ello después de que el grupo automovilístico germano admitiese en septiembre de 2015 haber manipulado más de 11 millones de automóviles diésel en todo el mundo mediante la colocación de un dispositivo que alteraba las emisiones reales de óxidos de nitrógeno (NOx).
