La Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI) considera que la futura Ley de Vivienda es una «gran pérdida para la economía en general», ya que, en opinión de su presidente, Ricardo Martí-Fluxá, perjudicará a inquilinos, propietarios y a potenciales inversores. Por su parte, la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI), cree que «la experiencia ha demostrado que las medidas restrictivas respecto a los alquileres producen efectos nocivos que contribuyen a perjudicar a un sector de la población mucho más amplio que el que pudiera salir beneficiado con la adopción de las mismas”. Por su parte, Círculo Legal tiene clara su posición: «la oferta se reducirá drásticamente».
«Esta nueva norma desincentivará proyectos que podrían profesionalizar y ampliar la oferta de vivienda como ‘Build to Rent’, así como las grandes rehabilitaciones de inmuebles destinados al alquiler», apunta el presidente de ACI en un comunicado.
Martí-Fluxá advierte de que este 2023 ya se observa un freno en la inversión por una incertidumbre motivada por el incremento de los tipos de interés, y cree que la futura ley podría añadir «un daño importante a la seguridad jurídica».
En el caso de la oferta, pronostica que los arrendadores «podrían llegar a retirar sus activos del mercado», con la consiguiente reducción de viviendas en alquiler. Asimismo, se opone a los topes al alquiler, y señala que «la experiencia ha demostrado con claros ejemplos cómo los límites al alquiler no han sido efectivos».
ACI reconoce que existe un problema de vivienda en España y aboga por implantar avales y garantías públicas para la compra de vivienda, mayores bonificaciones en el IRPF para los arrendadores de vivienda, una mayor flexibilización de los usos del suelo para potenciar el urbanizable, la necesaria colaboración-público privada, y la agilización de trámites urbanísticos, como expone en su comunicado.
Además, se muestra dispuesta a colaborar con la administración en proponer otros mecanismos que fomenten el acceso a la vivienda y que den respuesta a las necesidades reales del mercado inmobiliario.
Por su parte, AMADEI insiste que las medidas restrictivas en alquiler ya han fracasado en otros países o en Cataluña, y esta ley presenta evidentes lagunas como, por ejemplo, cuál sería el índice de actualización de las rentas a partir de 2025; qué pasará con aquellas comunidades autónomas que rehúsen aplicar la nueva norma en ejercicio de sus competencias en materia de vivienda, además del posible conflicto que puede crearse entre ayuntamientos y comunidades a la hora de delimitar las zonas tensionadas, todo lo cual está por ver si funciona o no.
AMADEI destaca que, “el hecho de limitar los precios de los alquileres, no afectaría a las agencias inmobiliarias si la medida favoreciera al mercado. Ellas seguirán colaborando con arrendadores e inquilinos en el desarrollo de su función social, que no es otra que asesorar y acercar posturas a la hora de concertar alquileres”.
Así mismo, incide en que “el cliente de la agencia no es en exclusiva el arrendador. En este punto se equivoca también la ley a la hora de cargar al arrendador el pago de sus honorarios” ya que muchas personas que buscan piso en alquiler también encomiendan a las agencias que les gestionen dicha búsqueda, de manera que lo mismo son clientes los propietarios que los futuros arrendatarios, sin hacer mención al servicio que se presta a estos últimos una vez se convierten en inquilinos.
Lejos de dicho favorecimiento para las agencias, “es obligado denunciar que, con la aplicación de la nueva ley, se acabará deteriorando un mercado que preocupa e importa a los profesionales del sector porque, en definitiva, es en el que operan diariamente y lo que desean es que sea lo más dinámico posible y que pueda acceder a él una gran cantidad de gente para darles apoyo en la compra o alquiler de viviendas, ya que es lo que más beneficia a la intermediación inmobiliaria”.
La abogada y socia del despacho, Arantxa Goenaga, señala la poca consideración que tienen la mayoría de las medidas anunciadas con los propietarios. “Las personas alquilan buscando rentabilidad, y si esta se disminuye, acabarás poniendo tu propiedad en venta o dejándola cerrada”, comenta, y añade, “van a provocar que los inversores que podían venir a España, al contar ésta con un mercado inmobiliario muy atractivo, se marchen”.
Algunos de los aspectos puestos a debate son el de la limitación de los precios de los alquileres, la falta de incentivos fiscales para los propietarios que ven limitados sus derechos al imponérseles un precio, la obligación de ofrecer alquileres sociales o el pago de los honorarios de la inmobiliaria, que ahora correrán a cargo exclusivamente del propietario.
En el caso de las reformas, la abogada encuentra esta decisión “contradictoria”, ya que por un lado se está fomentando desde Europa mejorar la calidad y eficiencia energética de los edificios, pero por otro lado en la presente ley no incentivar la modernización de un envejecido parque de viviendas, todo lo contrario. Y tampoco tiene sentido la limitación de la actualización de la rena del 2% que la cataloga de “locura”, al no considerar el Ejecutivo que los propietarios también sufren los efectos de la inflación.
En relación a una posible intervención del Tribunal Constitucional sobre el texto definitivo, Goenaga recuerda la conflictividad de algunas medidas con la libertad de mercado y la propiedad privada.
“La propiedad tiene una función social, pero la deben garantizar los poderes públicos y no los particulares. Ese es el problema de fondo, si la propiedad privada se ve afectada, se deberá pronunciar el Constitucional o, incluso, en caso de conflicto, Europa”, sentencia.
