El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), José Carlos García de Quevedo, ha ensalzado el papel «clave» de la colaboración público-privada en la actualidad para apoyar al tejido empresarial e impulsar la recuperación económica ante la crisis provocada por la Covid-19.
«Los planes del ICO pasan por la colaboración público-privada. Es un ejercicio de responsabilidad compartida del Instituto de Crédito Oficial con los bancos y el sector financiero, que han hecho una magnífica labor, pero también una responsabilidad compartida con las empresas», ha remarcado el presidente del ICO en un encuentro organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).
El presidente del ICO ha puesto en valor así la triple función de la entidad como banco nacional de promoción, como instrumento financiero de política económica (esencial para canalizar los fondos de la Unión Europa) y también como agencia financiera del Estado encargada de la gestión de fondos públicos. En este punto, ha resaltado las dos líneas de avales ICO Covid-19, dotadas con un importe de 140.000 millones de euros, y ha subrayado que se trata de «un modelo de colaboración público-privada sin precedentes entre Administración, entidades financieras, y empresas y autónomos».
MÁS DE 91.000 MILLONES DE EUROS EN AVALES
Desde que se pusieron en marcha estas medidas, se han desplegado avales por un importe superior a 91.770 millones de euros, que han permitido movilizar 120.799 millones de euros en financiación hacia el tejido productivo en 1.003.342 operaciones, de las que más del 98% han sido suscritas por pymes y autónomos.
Durante el encuentro, el presidente del ICO ha recordado que en noviembre de 2020 se aprobó la posibilidad de solicitar la ampliación de los plazos de vencimiento y/o carencia para operaciones firmadas en el marco de la Línea de Avales antes del 18 de noviembre de 2020, de forma que los empresarios pueden solicitar la extensión hasta en tres años adicionales -sin superar el límite de 8 años- en el plazo de amortización de las operaciones y una carencia adicional de 12 meses.
Además, García de Quevedo ha ensalzado que el nuevo Real Decreto-ley recoge un conjunto de medidas que movilizarán una inversión pública de hasta 11.000 millones de euros, enfocadas a reforzar la solvencia de aquellas empresas viables que están sufriendo una caída intensa de sus ingresos debido a la reducción de la actividad en determinados sectores y ámbitos geográficos más afectados por la pandemia.
EL RETO DE LA SOSTENIBILIDAD Y LA DIGITALIZACIÓN
García de Quevedo ha esbozado también cuáles son los ejes horizontales estratégicos de actuación del ICO, que se han acelerado con la pandemia: «Como no puede ser de otra manera, se toma como referencia el nuevo Marco financiero plurianual de la UE 2021-2027 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno y sus ejes prioritarios: la sostenibilidad y transición ecológica; la digitalización y la innovación; el crecimiento empresarial y la generación de empleo, y la financiación alternativa», ha indicado.
Esta última prioridad la realizan a través de Axis, su gestora de capital riesgo, y se lleva a cabo con los instrumentos denominados FOND-ICO Global, y FOND-ICO Pyme. Durante la pandemia, se flexibilizaron muchos criterios de FOND-ICO Global. En 2020 se hicieron 2.500 millones de euros de aportaciones adicionales para seguir promoviendo las vías complementarias de financiación.